La Justicia debería ser igual para todos y actuar con la misma rapidez, independientemente del nombre, del cargo o del color político de quien se siente en el banquillo. Sin embargo, hay ocasiones en las que el calendario judicial parece convertirse, voluntaria o involuntariamente, en el mejor estratega político. Cuando los tiempos de los tribunales coinciden con los tiempos electorales, las dudas aparecen inevitablemente entre los ciudadanos.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el procedimiento que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En las redes sociales muchos sostienen que el retraso del juicio beneficia políticamente a la presidenta al alejar el procedimiento del foco previo a las elecciones autonómicas de 2027. La ironía ha corrido como la pólvora con frases como “se les está atragantando la fruta”, recordando una de las expresiones más conocidas de Ayuso. Para unos, la Justicia vuelve a ser demasiado lenta cuando afecta a personas cercanas al poder.
La versión del entorno de la presidenta es radicalmente distinta. Desde la Puerta del Sol insisten en que González Amador está siendo víctima de un juicio político y mediático, recordando que las inspecciones fiscales investigadas corresponden a un periodo anterior a su relación con Ayuso. Incluso sostienen que todo forma parte de una estrategia del Gobierno para desviar la atención de sus propios problemas, utilizando la expresión “el cazador cazado” para resumir su tesis.
Pero más allá del ruido político y de las redes sociales existen unos hechos judiciales que conviene recordar. El procedimiento abierto no gira únicamente en torno a una discrepancia con Hacienda. La apertura de juicio oral incluye presuntos delitos de fraude fiscal por más de 350.000 euros, falsedad documental mediante facturas presuntamente falsas y, además, la incorporación de la acusación por presunta integración en organización criminal solicitada por las acusaciones populares. Será la Justicia quien determine finalmente si esas acusaciones quedan acreditadas o no.
A todo ello se suma otro elemento que no debería pasar desapercibido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha manifestado recientemente las dificultades que encuentra para avanzar en una de las piezas de investigación al no disponer de determinada información tributaria, circunstancia que ha provocado nuevos recursos judiciales. Cuando los propios investigadores afirman que existen obstáculos para continuar su trabajo, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse si el sistema está funcionando con la agilidad y transparencia que merece una democracia.
Mientras tanto, el debate continúa dividido. Para unos, este caso demuestra que la Justicia es demasiado lenta cuando afecta a determinadas personas. Para otros, confirma que algunos procedimientos judiciales se utilizan como herramienta de desgaste político. Pero quizá el verdadero problema sea otro: que una parte creciente de la sociedad ya no discute sobre los hechos, sino sobre si cree o no en las instituciones encargadas de investigarlos.
Reflexión final
La Justicia no puede tener colores políticos ni depender del calendario electoral. Se llame Alberto González Amador, José, Antonio o Manuel; sea la pareja de una presidenta, un ministro, un alcalde o un ciudadano anónimo, la ley debe aplicarse exactamente igual para todos. Esa es la base de cualquier democracia seria. Porque cuando los ciudadanos empiezan a pensar que unos llegan antes que otros ante la Justicia, el problema deja de ser un procedimiento judicial y se convierte en una crisis de confianza en las instituciones.
La Justicia lenta tampoco es Justicia. Y la Justicia selectiva, mucho menos.
