Hay declaraciones que retratan mejor a quien las pronuncia que cien entrevistas. Cuando Pablo Iglesias habla de tener “agallas” para meter en prisión a la derecha, no está demostrando fortaleza democrática. Está revelando una preocupante forma de entender el poder. En una democracia no se encarcela a nadie por sus ideas, por sus votos o por pertenecer a un partido político. Para eso están los jueces, las leyes y las garantías que tanto costó construir.
Resulta paradójico escuchar estas lecciones de firmeza de quien pasó años presentándose como adalid de la nueva política, de la participación ciudadana y de la regeneración democrática. El movimiento que prometía abrir puertas y ventanas acabó girando alrededor de liderazgos personales, enfrentamientos internos y una constante división entre buenos y malos. Quien no compartía el pensamiento oficial terminaba convertido en adversario, cuando no en traidor.
Lo verdaderamente grave no es la provocación verbal. Lo preocupante es la normalización de un lenguaje que presenta al rival político como un enemigo al que hay que apartar, silenciar o castigar. La historia de España y de Europa debería habernos enseñado que cuando la política sustituye el debate por la descalificación y la discrepancia por el castigo, la democracia empieza a debilitarse. Los adversarios no se combaten con cárceles; se combaten con argumentos y con votos.
Afortunadamente, España sigue siendo un Estado de derecho donde nadie entra en prisión porque lo ordene un dirigente político desde una tribuna o un micrófono. Las democracias maduras no necesitan mesías que decidan quién merece la libertad y quién no. Necesitan ciudadanos libres, instituciones fuertes y gobernantes capaces de aceptar que quien piensa diferente también tiene derecho a defender sus ideas. Todo lo demás pertenece a épocas que ningún demócrata debería añorar.
