Cada vez que Baltasar Garzón habla sobre la democracia española parece hacerlo desde una posición de autoridad moral incontestable. En su último libro vuelve a advertir sobre el deterioro institucional, la politización de la Justicia y los riesgos que amenazan nuestro sistema democrático. El problema no es que exprese su opinión. El problema es presentar una opinión como si fuera la única verdad posible.
Resulta llamativo escuchar lecciones sobre independencia judicial de alguien que decidió abandonar temporalmente la judicatura para entrar en política de la mano del PSOE. Fue una decisión legítima, por supuesto. Pero precisamente por eso debería comprender mejor que nadie que la imparcialidad no consiste en exigir neutralidad a los demás mientras uno mantiene posiciones políticas perfectamente reconocibles. La crítica es legítima. La autocrítica también debería serlo.
Tampoco parece razonable desacreditar de forma permanente a jueces, fiscales o unidades policiales cada vez que una investigación afecta a determinadas personas o entornos políticos. En un Estado de derecho los informes policiales no condenan a nadie, igual que las investigaciones no equivalen a sentencias. Para eso existen jueces, tribunales y garantías procesales. Pero cuestionar sistemáticamente a instituciones como la UCO o insinuar que todo responde a conspiraciones termina erosionando la confianza de los ciudadanos en quienes tienen la obligación de perseguir posibles delitos.
España necesita instituciones fuertes, no relatos enfrentados sobre quién posee la verdad absoluta. La democracia se fortalece cuando existen controles, investigaciones y tribunales independientes, aunque sus decisiones no gusten a todos. La verdad de Garzón es respetable. Como la de cualquier ciudadano. Pero no es la verdad de todos. Y precisamente la grandeza de una democracia consiste en aceptar que ninguna voz, por influyente que sea, tiene el monopolio de la razón.
