Todavía no ha empezado oficialmente la campaña electoral y ya tenemos un preocupante anticipo en nuestras calles. A Coruña, Avilés y Mahón han sido escenario de protestas contra actos de Vox que terminaron con enfrentamientos, cargas policiales, heridos y detenciones. ¡Magnífica manera de defender la democracia! Resulta que algunos acuden a protestar contra quienes consideran intolerantes y terminan intentando impedirles hablar. Una interpretación verdaderamente original de la libertad de expresión: yo puedo gritar lo que quiera, pero tú mejor te callas.
La Constitución, ese libro que tantos citan y algunos parecen consultar por capítulos, es bastante clara. Su artículo 14 establece la igualdad ante la ley; el 20 protege la libertad de expresión y el 21 reconoce el derecho de reunión pacífica. Pacífica, una palabra pequeña que convendría subrayar. Manifestarse contra Vox es legítimo. También lo es asistir a un mitin de Vox. Lo que no es legítimo es lanzar objetos, levantar barricadas o agredir a quienes piensan de otra manera. Porque llamar “antifascista” a una protesta no convierte automáticamente en democrático todo lo que ocurra durante ella.
Y mientras tanto, los ciudadanos observamos cómo cada incidente termina convertido en una batalla política. Unos responsabilizan directamente al Gobierno; otros reducen los disturbios a grupos violentos minoritarios. Las autoridades han intervenido y practicado detenciones, pero eso no elimina la necesidad de examinar si los dispositivos de seguridad fueron suficientes. Las delegaciones del Gobierno deben garantizar por igual el derecho a manifestarse y el derecho a celebrar actos políticos, sin distinguir entre siglas agradables o desagradables. No basta con defender la libertad cuando la ejerce quien lleva nuestra misma pancarta.
También convendría que quienes utilizan alegremente palabras como «fascista» recordaran que la discrepancia política no es un delito. Criticar duramente a Vox, al PSOE, al PP o a cualquier formación forma parte de la democracia. Pretender silenciar sus actos mediante la violencia, no. Y si mañana fueran militantes de derechas quienes intentaran impedir un mitin de izquierdas, el criterio debería ser exactamente el mismo. La igualdad del artículo 14 no tiene carné de partido ni cambia de significado según quién gobierne. Aunque, a juzgar por algunas discusiones, parece que hay quienes preferirían una Constitución con mando a distancia.
España tiene problemas suficientes, vivienda, pensiones, salarios y servicios públicos, como para añadir a la lista una precampaña convertida en una sucesión de enfrentamientos. Las manifestaciones pacíficas son parte de la solución democrática; la violencia política, parte del problema. Por eso no basta con intercambiar acusaciones: hacen falta investigaciones, responsabilidades individuales y garantías para que todos puedan expresarse sin miedo. Porque una democracia donde solo puede hablar quien nos gusta no es una democracia más libre. Es una democracia que empieza a olvidar sus propias reglas.
No escribo para convencer. Escribo para pensar.
