Pedro Sánchez, cientos de miles de nuevos españoles, un censo bajo sospecha y un Tribunal Supremo que exige explicaciones antes del 29 de noviembre. | Por JMACGYVER
En España hemos descubierto una curiosa especialidad política: convertir cualquier asunto en una batalla electoral. Esta vez le ha tocado a la llamada «ley de nietos», presentada como una reparación histórica para los descendientes de españoles exiliados. Hasta ahí, nada que objetar. Pero una cosa es reparar una injusticia y otra muy distinta es administrar una ley de nacionalidad sin prever adecuadamente sus consecuencias electorales. ¿Cuántos españoles se han incorporado al censo, por qué procedimiento y con qué garantías? Son preguntas perfectamente legítimas. Y resulta que, a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo también quiere respuestas. ¡Qué inoportunidad! Justo cuando los políticos preferirían hablar de cualquier otra cosa.
Las cifras impresionan. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían presentado 1.225.188 solicitudes, aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones consulares. Conviene no confundir estas cantidades: ni todas las solicitudes se convierten en nacionalidades ni todas las inscripciones significan votos. Pero el problema jurídico no nace de una simple suma. Nace de una instrucción administrativa que presumió la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir en esos casos la misma acreditación individual de las causas del exilio. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿puede una instrucción ampliar en la práctica el alcance de una ley aprobada por las Cortes?
El Tribunal Supremo ha considerado suficientemente serio el riesgo de irregularidades en el censo como para mantener suspendidos cautelarmente los efectos electorales de 163.020 inscripciones vinculadas a esa interpretación administrativa. No ha retirado la nacionalidad a esas personas, ni ha declarado probado un fraude electoral. Ha exigido comprobar que su inclusión en el censo cumple los requisitos legales. Y el asunto ha llegado a un punto difícil de explicar: el Supremo ha dado cinco días a los ministerios de Justicia y Exteriores para identificar nominalmente a los afectados. Según la información publicada el 24 de octubre, de 31.390 expedientes revisados solo se habían expedido 91 certificados que acreditaban el requisito discutido. ¡Extraordinaria planificación! Primero se tramitan miles de expedientes; después, cuando llegan las elecciones, descubrimos que verificarlos a tiempo es una tarea monumental.
El Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado, ha defendido que la suspensión perjudica derechos electorales y que no existe riesgo significativo de alterar el resultado. El Defensor del Pueblo también ha cuestionado la medida por sus consecuencias para ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad conforme al procedimiento vigente. Son argumentos que merecen consideración, porque nadie debería perder injustamente su derecho al voto por una deficiencia administrativa. Pero tampoco puede despacharse la preocupación por la exactitud del censo como si fuera una extravagancia de la oposición. Pedro Sánchez dirige el Gobierno responsable de la aplicación de esta normativa, y sus ministros deben explicar cómo se llegó a esta situación y por qué faltan medios o información para resolverla. La responsabilidad política no exige demostrar una conspiración: basta con exigir cuentas por la gestión.
¿Estamos ante una maniobra de Sánchez para fabricar votos socialistas? No hay pruebas suficientes para afirmarlo. Los nuevos españoles no pertenecen electoralmente a ningún partido y su voto es libre y secreto. Pero tampoco hace falta inventar papeletas ni atribuir intenciones a cientos de miles de personas para formular una crítica severa: un Gobierno debe garantizar que las leyes se apliquen con rigor, que los registros sean verificables y que las elecciones lleguen sin dudas evitables sobre el censo. Si la reparación histórica era el objetivo, debió acompañarse de controles claros y recursos suficientes. Si hubo errores, corresponde reconocerlos y corregirlos. Porque la memoria democrática merece respeto, los nuevos españoles merecen seguridad jurídica y los demás ciudadanos merecemos transparencia. Las urnas no son el lugar para improvisar lo que la Administración debió dejar resuelto mucho antes.
No escribo para convencer. Escribo para pensar.
JMACGYVER – Simplemente un hombre.
