El supuesto acuerdo entre el Partido Popular y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado ha reabierto un debate que va mucho más allá de una simple estrategia electoral. Ambas formaciones buscan evitar la dispersión del voto y mejorar sus posibilidades de representación parlamentaria. Una fórmula que, siempre que respete la legislación electoral, resulta perfectamente legítima, guste más o menos. Lo verdaderamente curioso es que algunos parecen descubrir ahora que los partidos pueden ponerse de acuerdo para ganar elecciones. Y, por lo visto, la legitimidad de esos acuerdos depende demasiado de quién los firme.
El PSOE y sus aliados también han defendido históricamente la necesidad de unir fuerzas para frenar el avance de la derecha. Hasta ahí, nada que objetar: están en su derecho. Pero cuando PP y Vox plantean una estrategia semejante, aparecen las acusaciones de amenaza democrática, retroceso y extremismo. ¡Qué extraordinaria elasticidad tiene la democracia para algunos! Si pactan los míos, es responsabilidad institucional; si pactan los otros, es poco menos que una conspiración contra el Estado. Curiosa manera de entender el pluralismo político y, sobre todo, el respeto al adversario.
Recuerdo aquellas intervenciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando transmitía a la derecha la idea de que tardaría muchos años en volver a gobernar. Más allá de las palabras exactas, aquel mensaje me pareció cargado de arrogancia política, como si el poder fuera patrimonio de unos y los demás estuvieran condenados a permanecer eternamente en la oposición. Gobernar no concede certificados de superioridad moral, ni llamarse progresista convierte automáticamente a nadie en mejor demócrata. La democracia consiste precisamente en aceptar que mañana puede gobernar quien hoy ocupa el escaño de enfrente. Y eso debería comprenderlo cualquier presidente, independientemente de sus siglas.
Conviene también explicar qué se juega realmente en el Senado, una institución cuya importancia algunos parecen recordar únicamente cuando peligra su influencia política. Alcanzar determinadas mayorías cualificadas permitiría a cualquier bloque parlamentario intervenir decisivamente en nombramientos institucionales, siempre dentro de los procedimientos y garantías constitucionales. Es legítimo aspirar a esas mayorías, como también lo es que otros partidos intenten impedirlas mediante las urnas. Lo que no resulta aceptable es presentar la victoria propia como una expresión ejemplar de la voluntad popular y la ajena como una desgracia democrática. Las instituciones no pertenecen a ningún partido: pertenecen a los españoles, incluidos aquellos que votan de manera diferente.
España necesita menos sectarismo, menos etiquetas despectivas y bastante más respeto a la inteligencia de sus ciudadanos. Ni toda la izquierda representa automáticamente el progreso, ni toda la derecha constituye una amenaza para la democracia; ambas deben responder por sus decisiones, sus contradicciones y sus resultados. Critiquemos los acuerdos por su contenido, sus consecuencias y su legalidad, no por el color político de quienes los firman. Porque la democracia no consiste en que ganen siempre los que a uno le gustan, sino en respetar las reglas cuando también pueden ganar los demás. Y quizá el verdadero progreso empiece el día en que algunos comprendan que España no es suya, ni nuestra, sino de todos los españoles.
No escribo para convencer, escribo para pensar.
