Procedía de las instituciones franquistas, fue elegido por el rey Juan Carlos I y muy pocos confiaban en él. Sin embargo, dirigió el proceso que permitió celebrar elecciones libres y aprobar la Constitución de 1978. Su gran éxito fue construir acuerdos entre antiguos enemigos; su fracaso, no conseguir mantener unido su propio partido.
Cuando Adolfo Suárez llegó a la Presidencia del Gobierno, España todavía no era una democracia.
Francisco Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos I había sido proclamado rey y Carlos Arias Navarro continuaba presidiendo un Gobierno incapaz de responder a las demandas de libertad que crecían en la sociedad española.
Había presos políticos, los partidos permanecían prohibidos y las Cortes seguían siendo las creadas por la dictadura. En las calles aumentaban las huelgas y las manifestaciones, mientras la violencia procedente de ETA, de grupos de extrema izquierda y de organizaciones ultraderechistas amenazaba con arruinar cualquier intento de apertura.
Una parte de la oposición reclamaba una ruptura completa con el franquismo. Los sectores inmovilistas, conocidos como el búnker, se resistían a cualquier cambio que pusiera fin al régimen.
En medio de esa tensión apareció Adolfo Suárez.
Un nombramiento que sorprendió a casi todos
Suárez nació en Cebreros, Ávila, en 1932. Había desarrollado su carrera política dentro de las instituciones franquistas y llegó a ser gobernador civil de Segovia, director general de Radiodifusión y Televisión y ministro secretario general del Movimiento.
No era, por tanto, un dirigente procedente de la oposición democrática. Formaba parte del sistema que debía transformar.
El rey Juan Carlos I lo nombró presidente del Gobierno en julio de 1976, después de la dimisión de Arias Navarro. La elección provocó sorpresa y desconfianza. Para buena parte de la oposición, Suárez era solamente otro político del franquismo. Para los inmovilistas, carecía de la experiencia y la autoridad necesarias. Incluso algunos reformistas consideraron que el rey había elegido a una figura de segundo nivel.
Pero precisamente su conocimiento del régimen, de sus instituciones y de las personas que las controlaban terminó siendo una de sus mayores ventajas.
Suárez comprendió que una ruptura brusca podía provocar una reacción del Ejército o de los sectores más duros del franquismo. Su estrategia consistió en utilizar las propias leyes del régimen para desmontarlo desde dentro.
De la dictadura a la democracia utilizando la ley
La pieza fundamental del cambio fue la Ley para la Reforma Política.
El proyecto reconocía la soberanía popular, establecía unas Cortes formadas por Congreso y Senado y abría el camino hacia unas elecciones democráticas. Para aprobarlo, Suárez necesitaba convencer a los procuradores de las Cortes franquistas de que votaran, en la práctica, a favor de su propia desaparición.
Las Cortes aprobaron el proyecto el 18 de noviembre de 1976. Posteriormente fue sometido a referéndum el 15 de diciembre y ratificado por una amplia mayoría. La ley fue sancionada el 4 de enero de 1977. Aquel texto se convirtió en el puente jurídico entre el régimen anterior y el nuevo sistema democrático.
No fue Suárez quien hizo todo aquello en solitario. Resultó decisiva la colaboración del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, uno de los principales diseñadores jurídicos de la operación. También fueron fundamentales la presión de la sociedad, la actuación de la oposición democrática y la disposición de numerosos dirigentes a negociar.
Pero Suárez asumió el riesgo político y puso en marcha el proceso.
La legalización de los partidos
Para que unas elecciones fueran verdaderamente democráticas no bastaba con convocarlas. Era necesario legalizar a los partidos políticos, permitir la libertad sindical, ampliar la amnistía y garantizar que la oposición pudiera participar.
Uno de los momentos más delicados fue la legalización del Partido Comunista de España.
El PCE había desempeñado un papel destacado en la oposición al franquismo, pero provocaba un profundo rechazo en una parte del Ejército y de la derecha. Celebrar elecciones sin los comunistas habría puesto en duda la legitimidad de todo el proceso.
Suárez decidió legalizarlo el 9 de abril de 1977, Sábado Santo. La decisión provocó una grave crisis política y la dimisión del ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga. Sin embargo, permitió que el PCE de Santiago Carrillo participara en las elecciones. A cambio, los comunistas aceptaron la monarquía parlamentaria y los símbolos del Estado.
Fue una de las decisiones más arriesgadas de Suárez y también una de las que mejor demostraron su voluntad de que las elecciones fueran reconocidas como auténticamente democráticas.
Las elecciones del 15 de junio de 1977
El 15 de junio de 1977 España celebró sus primeras elecciones generales libres desde febrero de 1936.
Suárez encabezó la Unión de Centro Democrático, una coalición heterogénea de liberales, democristianos, socialdemócratas y antiguos reformistas del franquismo. UCD ganó las elecciones, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE de Felipe González se convirtió en la principal fuerza de la oposición.
Las nuevas Cortes nacieron formalmente para legislar, pero su tarea principal terminó siendo la elaboración de una Constitución.
Los resultados demostraron que la mayoría de los españoles prefería las opciones moderadas. También concedieron a Suárez algo que hasta entonces no tenía: legitimidad democrática obtenida en las urnas.
Ya no era únicamente el presidente designado por el rey. Era el vencedor de unas elecciones libres.
La amnistía y la reconciliación
En octubre de 1977 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía, una antigua reivindicación de la oposición antifranquista. La norma permitió liberar a presos por delitos de intencionalidad política y facilitó el regreso de exiliados.
En aquel momento fue presentada como una medida de reconciliación y recibió un apoyo parlamentario muy amplio. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en uno de los asuntos más discutidos de la Transición.
La ley también incluyó determinados delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden durante la persecución de actividades políticas. Sus críticos consideran que esto contribuyó a impedir la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Por tanto, la amnistía representa bien las contradicciones de aquellos años: ayudó a cerrar cárceles y permitió recuperar libertades, pero también dejó sin resolver responsabilidades del pasado.
Los Pactos de la Moncloa
La democracia nació en medio de una situación económica muy grave.
España sufría una inflación elevada, aumento del desempleo, déficit exterior y las consecuencias de la crisis internacional del petróleo. El malestar social podía poner en peligro la estabilidad política.
En octubre de 1977, el Gobierno y las principales fuerzas parlamentarias negociaron los Pactos de la Moncloa. Los acuerdos incluyeron medidas económicas para contener la inflación y reformas políticas dirigidas a fortalecer las libertades y las instituciones democráticas.
Los trabajadores tuvieron que aceptar una moderación salarial que redujo su capacidad adquisitiva, mientras se iniciaban reformas económicas y fiscales. El coste social fue considerable, pero los pactos demostraron que Gobierno y oposición podían colaborar ante una emergencia nacional.
Esta cultura del acuerdo fue una de las grandes características de la Transición. Las fuerzas políticas mantenían profundas diferencias, pero entendieron que ninguna podía construir por sí sola el nuevo sistema.
La Constitución de 1978
La obra central de aquella etapa fue la Constitución.
El texto no fue la Constitución de Suárez ni la de un único partido. Fue el resultado de un acuerdo entre fuerzas políticas muy diferentes: UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y los representantes de los nacionalismos catalán y vasco.
La Constitución definió España como un Estado social y democrático de derecho, estableció la monarquía parlamentaria, reconoció derechos y libertades y abrió el camino para la creación del Estado de las autonomías.
El proyecto fue aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y ratificado por los ciudadanos en el referéndum del 6 de diciembre.
Suárez desempeñó un papel fundamental al favorecer el consenso y evitar que el texto fuera impuesto por una sola fuerza política. También aceptó concesiones que no gustaban a todos los sectores de su partido.
La Constitución fue su mayor victoria política, pero las divisiones que había contenido durante su elaboración comenzaron a hacerse visibles poco después.
Una democracia rodeada de violencia
La imagen idealizada de una Transición completamente pacífica no se corresponde con la realidad.
Durante aquellos años se produjeron atentados de ETA y del GRAPO, acciones de grupos de extrema derecha, secuestros, asesinatos y episodios de violencia policial. La matanza de los abogados laboralistas de Atocha, cometida en enero de 1977 por pistoleros ultraderechistas, estuvo a punto de provocar una crisis de consecuencias imprevisibles.
ETA intensificó su actividad y convirtió los últimos años del Gobierno de Suárez en algunos de los más sangrientos de su historia. Militares, guardias civiles, policías, políticos y civiles fueron asesinados.
El Gobierno tuvo que defender la naciente democracia mientras todavía conservaba estructuras policiales, judiciales y militares heredadas del franquismo. La reforma de esas instituciones fue parcial y lenta, y no estuvo libre de abusos.
Suárez consiguió que el proceso político continuara, pero no logró detener el terrorismo ni controlar por completo las resistencias que permanecían dentro del Estado.
La victoria de 1979 y el comienzo del desgaste
Después de aprobarse la Constitución, se convocaron nuevas elecciones generales el 1 de marzo de 1979.
UCD volvió a ganar, otra vez sin mayoría absoluta. Lo que parecía una confirmación del liderazgo de Suárez terminó siendo el inicio de su declive.
La coalición centrista agrupaba familias políticas muy diferentes. Mientras el objetivo común había sido construir la democracia, sus discrepancias permanecieron contenidas. Una vez aprobada la Constitución, comenzaron las luchas internas.
Democristianos, liberales, socialdemócratas y conservadores discutían sobre el desarrollo autonómico, la política económica, la educación, el divorcio y la orientación general del Gobierno. Suárez, extraordinariamente hábil negociando con adversarios externos, tuvo cada vez más dificultades para controlar a sus propios compañeros.
A estos problemas se sumaron la crisis económica, el terrorismo, el malestar militar y una oposición socialista cada vez más fuerte.
En mayo de 1980, Felipe González presentó una moción de censura contra Suárez. No consiguió derribarlo, pero el debate permitió al dirigente socialista aparecer como una alternativa preparada para gobernar. Suárez superó después una cuestión de confianza por un margen reducido, pero su autoridad estaba seriamente debilitada.
La dimisión
El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y de UCD.
En su mensaje televisado pronunció una frase que se convertiría en parte de su legado: no quería que el sistema democrático de convivencia fuera, una vez más, un paréntesis en la historia de España.
Su renuncia tuvo varias causas: las divisiones de UCD, el deterioro de su relación con el rey, la presión de la oposición, la crisis económica, el terrorismo, el descontento militar y el agotamiento personal.
Hasta hoy continúa discutiéndose el peso exacto de cada una. Lo que resulta indudable es que Suárez se encontraba políticamente aislado.
El 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero entró armado en el Congreso de los Diputados. Mientras la mayoría de los parlamentarios se arrojaba al suelo, Suárez permaneció sentado en su escaño.
Aquel gesto no evitó el golpe ni determinó su fracaso, pero se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la democracia española: el presidente que había dirigido la salida de la dictadura se negó a agacharse ante los golpistas.
Las luces de Adolfo Suárez
Su principal mérito fue entender que la democracia solamente podía construirse integrando a quienes hasta entonces habían sido enemigos.
Suárez consiguió que las Cortes franquistas aprobaran la reforma política, legalizó a la oposición, convocó elecciones libres y favoreció el consenso constitucional. Supo negociar con el rey, con antiguos franquistas, con socialistas, comunistas, nacionalistas y representantes sindicales.
No diseñó por sí solo la Transición, pero tuvo el valor de tomar decisiones que podían costarle el cargo y provocar una reacción de los sectores más poderosos del antiguo régimen.
También comprendió la importancia de la televisión y de dirigirse directamente a los ciudadanos. Su estilo político era más intuitivo que ideológico. No fue un gran orador parlamentario ni un intelectual, pero poseía una extraordinaria capacidad para interpretar el momento y generar confianza entre personas muy diferentes.
Las sombras de su Gobierno
La admiración posterior no debe ocultar sus errores y limitaciones.
Suárez procedía del franquismo y su reforma fue dirigida desde las propias instituciones del régimen. Esta vía facilitó una transición sin una ruptura violenta, pero también permitió que numerosas estructuras y responsables de la dictadura conservaran influencia en la nueva democracia.
Las actuaciones policiales continuaron causando víctimas y la transformación de los aparatos del Estado avanzó con lentitud. La Ley de Amnistía, considerada entonces una conquista democrática, terminó funcionando también como obstáculo para investigar los crímenes del franquismo.
Su Gobierno no consiguió derrotar al terrorismo, frenar rápidamente la crisis económica ni desarrollar de manera ordenada el nuevo modelo autonómico. Algunas decisiones fueron improvisadas y la UCD nunca llegó a convertirse en un partido cohesionado.
Suárez tampoco supo organizar un equipo político que pudiera sobrevivir sin depender completamente de su liderazgo. Construyó acuerdos entre casi todos, pero no consiguió consolidar su propio proyecto.
El reconocimiento que llegó tarde
Tras abandonar UCD, Suárez fundó el Centro Democrático y Social. Nunca volvió a alcanzar el protagonismo de los años de la Transición.
Con el paso del tiempo, su figura fue recibiendo un reconocimiento que no había tenido durante sus últimos meses en el Gobierno. Muchos de quienes lo criticaron terminaron destacando su valentía y su contribución a la democracia.
En 2005 se hizo público que padecía una enfermedad neurodegenerativa que había borrado buena parte de sus recuerdos. Murió en Madrid el 23 de marzo de 2014.
Su fallecimiento provocó una respuesta social extraordinaria. Miles de ciudadanos acudieron al Congreso para despedirlo. España reconocía finalmente a un presidente al que había despedido más de tres décadas antes en medio del desgaste y la soledad.
Mi reflexión
Adolfo Suárez no fue un héroe perfecto ni el único autor de la Transición. Sin la presión de la sociedad, sin la voluntad de la oposición democrática, sin el apoyo del rey y sin la colaboración de dirigentes de ideologías muy distintas, el cambio no habría sido posible.
Pero alguien tenía que asumir la responsabilidad de abrir las puertas.
Suárez pudo limitarse a administrar el franquismo sin Franco. En lugar de hacerlo, utilizó las herramientas del antiguo régimen para acabar con él y aceptó sentarse con personas que habían sido perseguidas, encarceladas o condenadas al exilio.
Cometió errores, improvisó y dejó asuntos importantes sin resolver. La Transición tampoco fue tan pacífica ni tan modélica como después quisieron presentarla. Hubo miedo, violencia, silencios y renuncias dolorosas.
Aun así, creo que su mayor lección continúa vigente: en los momentos decisivos, gobernar no consiste únicamente en imponer las propias ideas. También exige escuchar, negociar y conseguir que personas enfrentadas acepten convivir bajo unas reglas comunes.
Adolfo Suárez recibió una España sin elecciones libres, sin Constitución democrática y con los partidos políticos prohibidos. Cuando dejó la Presidencia, España tenía urnas, Parlamento, Constitución y libertades.
Ese cambio no borra sus sombras, pero explica por qué ocupa un lugar fundamental en nuestra Historia.
Próxima entrega: Leopoldo Calvo-Sotelo, el presidente olvidado y el 23-F.
