Del móvil a la barricada: cuando la protesta deja de ser un derecho y se convierte en una amenaza | Por JMACGYVER.
Barcelona, sábado 24 de octubre de 2026. Una tarde que debería haber transcurrido entre paseos, comercios abiertos y turistas disfrutando de la ciudad terminó con contenedores ardiendo, escaparates destrozados, intentos de saqueo y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Todo comenzó con convocatorias difundidas por redes sociales bajo lemas como «Instituts Indignats» y «contra el sistema». ¡Qué maravilla de sistema educativo paralelo! Antes se convocaba una manifestación para reclamar derechos; ahora parece que algunos consideran suficiente un mensaje de TikTok, una capucha y unas cuantas piedras. La libertad de expresión no incluye el derecho a convertir el centro de Barcelona en un escenario de vandalismo. Y convendría recordarlo antes de que alguien pretenda confundir una barricada con una reivindicación social.
Lo más inquietante es que estas convocatorias no surgieron completamente de la nada. Según informaciones difundidas por laSexta a partir de investigaciones de Newtral, se habían detectado perfiles y grupos en redes sociales que animaban a reproducir en España disturbios semejantes a los registrados en Francia. Algunos mensajes hablaban incluso de saquear establecimientos y acudir con el rostro cubierto. ¿Y qué hacemos ante semejante fenómeno? ¿Esperar a que empiecen a arder los contenedores para descubrir que las redes sociales también sirven para organizar algo más que cumpleaños? La responsabilidad penal corresponde a quienes cometen los actos, pero las autoridades tienen la obligación de investigar quién impulsa estas convocatorias, cómo se difunden y si existen grupos organizados detrás de ellas. Investigar no significa inventar conspiraciones: significa hacer el trabajo que exige la seguridad pública.
Y mientras unos jugaban a revolucionarios de fin de semana, los comerciantes bajaban las persianas, los ciudadanos se apartaban de las calles y los agentes recibían lanzamientos de objetos. ¡Magnífica aportación a la justicia social! Porque romper el escaparate de una tienda no abarata la vivienda, quemar una motocicleta no mejora la educación pública y enfrentarse a un policía no aumenta el salario de nadie. Las dificultades de los jóvenes son reales y merecen respuestas políticas serias. Pero utilizar esas dificultades como excusa para destrozar lo que pertenece a todos es una forma bastante peculiar de defender el futuro. El comerciante que teme por su negocio y el trabajador que necesita llegar a casa también tienen derechos. Curiosamente, esos derechos suelen desaparecer de algunos discursos cuando empieza el espectáculo de las llamas.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado los disturbios y respaldado a los Mossos d’Esquadra. Es lo que corresponde y conviene reconocerlo. Pero la responsabilidad institucional no termina con una declaración en las redes sociales. Ahora toca explicar qué información previa tenían las autoridades, qué medidas preventivas se adoptaron y cómo se investigarán los daños y las posibles responsabilidades. También corresponde distinguir a quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse de quienes aprovechan cualquier convocatoria para provocar altercados. Los organizadores de la acampada por la vivienda situada en la zona han rechazado su vinculación con la violencia. No sería justo atribuirles actos ajenos sin pruebas. La seguridad pública exige firmeza, pero también rigor: ni impunidad para los violentos ni culpabilidad por asociación.
Y aquí está la cuestión de fondo. España se acerca a las elecciones del 29 de noviembre en un ambiente de creciente tensión política y social. Sería irresponsable utilizar los disturbios de Barcelona para señalar culpables partidistas sin pruebas; también lo sería tratarlos como una simple travesura juvenil. Un Estado democrático no puede acostumbrarse a que una convocatoria anónima termine con comercios cerrados, mobiliario quemado y policías enfrentándose a grupos violentos. La protesta pacífica es un derecho constitucional; el saqueo, la intimidación y los destrozos no lo son. A quienes gobiernan les corresponde prevenir, proteger e investigar. Y a quienes pretenden mejorar la sociedad mediante el fuego habría que recordarles algo elemental: cuando arde una ciudad, la factura no la paga «el sistema». La pagan sus ciudadanos.
No escribo para convencer. Escribo para pensar.
