No necesitamos nuevos mártires, pero tampoco podemos aceptar que quienes pertenecieron a ETA reciban honores mientras sus víctimas vuelven a quedar en segundo plano
La imagen de este diploma me llegó a través de un grupo de WhatsApp. Antes de comentarla quise comprobar si era auténtica. Lo es. El Gobierno de España expidió una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Juan Paredes Manot, ‘Txiki’, miembro de ETA político-militar fusilado por la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975.
El documento declara ilegítimo y nulo el consejo de guerra que lo condenó, al considerar que se vulneraron las garantías fundamentales de un juicio justo. La decisión se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
Por tanto, no estamos ante un montaje. Tampoco ante un simple rumor de las redes sociales. Estamos ante un documento oficial que obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿por qué algunas víctimas reciben diplomas, ceremonias y reparaciones institucionales mientras otras parecen condenadas a regresar al silencio?
No defendemos los juicios del franquismo
Conviene empezar por lo esencial: criticar este reconocimiento no significa defender los consejos de guerra franquistas ni justificar la pena de muerte.
Una democracia no puede considerar legítimo un proceso sin garantías. También una persona acusada de terrorismo tiene derecho a una defensa efectiva, a conocer las pruebas y a ser juzgada por un tribunal independiente. Si ‘Txiki’ no tuvo esas garantías, la democracia puede y debe reconocerlo.
Pero anular una sentencia ilegítima es una cosa y convertir esa anulación en un diploma solemne, desprovisto de contexto, es otra muy distinta.
El documento no recuerda que ‘Txiki’ perteneció a ETA político-militar. No menciona la violencia de la organización en la que militaba. Tampoco incluye una sola palabra para quienes fueron asesinados por ETA durante aquellos años.
La reparación jurídica puede resultar defendible. La escenificación política y moral resulta mucho más difícil de aceptar.
Las víctimas que no aparecen en la fotografía
José Díaz Linares tenía 29 años cuando ETA lo ametralló en San Sebastián el 29 de marzo de 1975. Salía de su casa para dirigirse al trabajo. Su mujer presenció el asesinato. Su historia está recogida en el archivo Memoria de vida de RTVE.
‘Txiki’ fue señalado como participante en aquel atentado, aunque no llegó a existir una sentencia firme que estableciera su responsabilidad personal por ese crimen. Por eso no debemos atribuírselo como un hecho judicialmente probado. No hace falta hacerlo para formular la crítica.
El hecho indiscutible es que ‘Txiki’ militó en ETA político-militar y que ETA asesinó a José Díaz Linares. También murió Ovidio Díaz López durante el atraco por el que ‘Txiki’ fue sometido al consejo de guerra que terminó con su fusilamiento.
¿Dónde están ellos en el relato institucional que acompaña al diploma? ¿Dónde están sus familias, su sufrimiento y la vida que les arrebataron?
Las víctimas de ETA cuentan con reconocimiento legal e institucional en España. Negarlo sería injusto e inexacto. Pero el problema es la enorme diferencia entre reconocerlas formalmente y situarlas en el centro del relato público.
Cuando el Estado entrega una reparación solemne a quien perteneció a ETA, tiene una obligación moral añadida: recordar expresamente a quienes sufrieron la violencia de esa organización. Si no lo hace, genera una imagen intolerable de desequilibrio.
Un premio simbólico
La declaración no supone, según la propia Ley de Memoria Democrática, una indemnización económica ni el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. No puede hablarse, por tanto, de un premio económico.
Pero sí existe un premio simbólico.
Un diploma del Gobierno de España no es un simple trámite administrativo. Lleva el escudo nacional, la firma de un ministro y palabras como “reconocimiento”, “reparación” y “víctima”. Está diseñado para restituir públicamente la dignidad de quien lo recibe.
Cuando ese reconocimiento recae sobre un antiguo miembro de ETA sin explicar debidamente su trayectoria, la distinción jurídica se difumina. Lo que debía ser la anulación concreta de un procedimiento ilegítimo puede terminar pareciendo una rehabilitación general de la persona.
No se declara formalmente héroe a ‘Txiki’, pero se le concede una centralidad moral que el documento niega a las víctimas de ETA. Esa es la razón por la que tantos ciudadanos sienten que, al final, los terroristas reciben una reparación solemne mientras sus víctimas deben limitarse a contemplarla.
Quizá no sea un premio en sentido jurídico, pero políticamente se parece demasiado.
No queremos mártires de ningún bando
No necesitamos fabricar mártires. Ni del franquismo ni de ETA.
‘Txiki’ no debe ser presentado como un héroe democrático por haber sido ejecutado por una dictadura. Pertenecer a una organización terrorista no se convierte retrospectivamente en una virtud democrática porque el Estado que lo condenó fuera ilegítimo.
Al mismo tiempo, su pertenencia a ETA tampoco convierte en justo un consejo de guerra sin garantías. La democracia demuestra su superioridad cuando reconoce derechos incluso a quienes combatieron contra ellos.
Las dos afirmaciones pueden coexistir. El problema surge cuando el Gobierno solo ilumina una.
La memoria verdaderamente democrática debería recordar simultáneamente que el franquismo utilizó tribunales ilegítimos y que ETA asesinó, secuestró, extorsionó y sembró el miedo durante décadas. No hay ninguna contradicción entre condenar las últimas ejecuciones de la dictadura y rechazar la rehabilitación moral de quienes pertenecieron a organizaciones terroristas.
La contradicción aparece cuando se pretende reparar una injusticia ocultando la mitad incómoda de la historia.
Una memoria al servicio de la política
La memoria democrática parece aplicarse con una sensibilidad distinta dependiendo de quién sea la víctima y de qué utilidad política tenga su historia.
Unas víctimas reciben documentos solemnes, homenajes y ceremonias. Otras son recordadas durante unos minutos en cada aniversario, antes de volver a desaparecer del debate público. No todas las víctimas reciben la misma atención, la misma empatía ni la misma capacidad de condicionar el relato oficial.
No es necesario afirmar que el reconocimiento se concedió para satisfacer a un partido determinado, porque no disponemos de una prueba que permita presentarlo como un hecho. Pero sí resulta legítimo preguntarse por el contexto político en el que se produce y por la insistencia gubernamental en construir una memoria que coincide, demasiadas veces, con las necesidades de sus alianzas parlamentarias.
La sospecha de oportunismo no nace de la ley, sino de la selección de los símbolos, de los silencios y de la falta de equilibrio institucional.
La reparación que habría sido justa
El Gobierno podía haber anulado el consejo de guerra de ‘Txiki’ sin entregar una rehabilitación moral implícita. Podía haber delimitado expresamente el alcance del reconocimiento. Podía haber declarado que la nulidad del proceso no justificaba la violencia de ETA ni borraba la responsabilidad histórica de sus integrantes.
También podía haber acompañado el acto con un recuerdo explícito a José Díaz Linares, Ovidio Díaz López y las demás víctimas del terrorismo.
No lo hizo.
Y al no hacerlo dejó que el diploma hablara por sí solo. Un documento cuidadosamente ornamentado que reconoce a ‘Txiki’ como víctima, pero no reserva una sola línea para las víctimas causadas por la organización a la que perteneció.
La democracia no debería premiar el terrorismo, ni siquiera simbólicamente. Tampoco debería legitimar las sentencias de una dictadura. Entre ambos extremos existía una solución sensata: anular el juicio injusto sin limpiar la biografía del condenado y sin abandonar nuevamente a las víctimas de ETA.
Este diploma demuestra que la memoria oficial no siempre recuerda: algunas veces selecciona, maquilla y calla.
No queremos mártires. Queremos verdad completa. Queremos que las víctimas del franquismo sean reparadas y que las víctimas de ETA no sean desplazadas para conseguirlo. Queremos una memoria que no dependa de la ideología del muerto ni de la conveniencia política del momento.
Porque cuando un Estado honra a quien perteneció a una organización terrorista sin recordar al mismo tiempo a quienes esa organización asesinó, no está cerrando una herida. Está abriendo otra.
Nota sobre la imagen: La fotografía del diploma llegó al autor a través de un grupo de WhatsApp. Su existencia y su contenido esencial fueron contrastados con fuentes públicas. La imagen publicada fue recortada para retirar la interfaz y los comentarios añadidos en WhatsApp, sin modificar el contenido visible del documento.
