Gobernó España durante casi catorce años, más tiempo que ningún otro presidente de la democracia. Bajo su mandato el país ingresó en Europa, amplió el Estado del bienestar y experimentó una profunda modernización. Pero su etapa terminó marcada por el desempleo, la corrupción y la guerra sucia contra ETA.
La noche del 28 de octubre de 1982, España vivió un cambio político de enorme importancia.
El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones generales con más de diez millones de votos y 202 diputados. Era la primera mayoría absoluta de la democracia y la primera vez desde la Segunda República que la izquierda llegaba al Gobierno mediante unas elecciones libres.
Felipe González tenía cuarenta años.
Su victoria representaba mucho más que un cambio de partido. Después del intento de golpe de Estado del 23-F y de la desintegración de UCD, la llegada pacífica del PSOE al poder demostraba que la democracia española podía aceptar la alternancia.
Millones de ciudadanos depositaron en González sus esperanzas de modernización, igualdad y cambio. El lema socialista había sido sencillo y poderoso:
«Por el cambio».
Durante los siguientes catorce años, España cambió profundamente. Pero no siempre de la manera que habían imaginado quienes votaron al PSOE.
De abogado laboralista a líder socialista
Felipe González nació en Sevilla en 1942. Estudió Derecho y trabajó como abogado laboralista, defendiendo a trabajadores y sindicalistas durante la dictadura.
Ingresó en las Juventudes Socialistas y se afilió al PSOE en 1964, cuando el partido todavía actuaba en la clandestinidad. En aquellos años utilizó el nombre de guerra de «Isidoro» para proteger su identidad.
En el congreso socialista celebrado en Suresnes, Francia, en 1974, González fue elegido primer secretario del PSOE. Representaba a una generación joven, vinculada a la lucha política dentro de España, que desplazó a los dirigentes históricos del exilio.
Durante la Transición participó en las negociaciones que permitieron construir el sistema democrático. El PSOE se convirtió en la principal fuerza de la oposición después de las elecciones de 1977.
González comprendió pronto que para ganar debía transformar su partido. El PSOE mantenía una definición marxista que podía asustar a los electores moderados. En 1979, González dimitió temporalmente como secretario general al no conseguir que el partido abandonara aquella referencia.
Meses después regresó con un liderazgo reforzado. El PSOE renunció al marxismo como definición ideológica exclusiva y evolucionó hacia una socialdemocracia semejante a la de otros partidos europeos.
Aquella transformación permitió a González ocupar el espacio de centroizquierda y presentarse como una alternativa capaz de gobernar.
La victoria de 1982
El PSOE llegó al poder en unas circunstancias difíciles.
España padecía una grave crisis económica, una inflación todavía elevada, desempleo, industrias poco competitivas y un sistema financiero necesitado de reformas. ETA continuaba asesinando y una parte de las Fuerzas Armadas aún no había asumido plenamente la democracia.
UCD se había desintegrado y Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga, todavía provocaba recelo en numerosos sectores de la sociedad.
La victoria socialista fue extraordinaria. El PSOE obtuvo 202 de los 350 diputados del Congreso. Felipe González fue investido presidente el 1 de diciembre de 1982.
El nuevo Gobierno despertó grandes expectativas. Por primera vez accedía al poder una generación que no había participado directamente en la Guerra Civil y que quería cerrar definitivamente la etapa de la Transición.
González formó un equipo relativamente joven en el que destacaban Alfonso Guerra, Miguel Boyer, Narcís Serra, Fernando Morán y Ernest Lluch.
Su prioridad era modernizar el Estado y la economía, consolidar la democracia e integrar plenamente a España en Europa.
Una transformación económica dolorosa
El Gobierno socialista descubrió pronto que sus promesas electorales chocaban con la realidad económica.
Muchas industrias españolas eran antiguas, poco productivas y dependían de ayudas públicas. La siderurgia, los astilleros, la minería y otros sectores necesitaban una profunda reestructuración para competir en el mercado europeo.
El Gobierno emprendió la llamada reconversión industrial. Se cerraron empresas, se redujeron plantillas y se destinaron grandes cantidades de dinero público a modernizar determinados sectores.
Desde el punto de vista económico, muchas de aquellas reformas eran necesarias. Desde el punto de vista social, tuvieron un coste enorme.
Miles de trabajadores perdieron sus empleos y numerosas comarcas industriales entraron en crisis. Las protestas fueron especialmente intensas en Asturias, el País Vasco, Galicia, Cádiz y otros territorios dependientes de la industria pesada.
El desempleo aumentó y se convirtió en uno de los grandes problemas de la etapa socialista. El PSOE había prometido crear cientos de miles de puestos de trabajo, pero durante sus primeros años ocurrió lo contrario.
El Gobierno también flexibilizó el mercado laboral y extendió la contratación temporal. Aquellas medidas facilitaron la creación de empleo en determinados momentos, pero contribuyeron a consolidar una división entre trabajadores estables y jóvenes sometidos a la precariedad.
La modernización económica fue real, pero sus beneficios y sacrificios no se repartieron de forma igualitaria.
La expropiación de Rumasa
Una de las primeras decisiones espectaculares del Gobierno fue la expropiación del grupo Rumasa, propiedad de José María Ruiz-Mateos.
Rumasa reunía bancos, grandes almacenes, hoteles, bodegas y centenares de empresas. El Gobierno argumentó que el grupo sufría graves desequilibrios, mantenía deudas importantes y suponía un riesgo para el sistema financiero, los depositantes y los trabajadores.
El Consejo de Ministros aprobó la expropiación el 23 de febrero de 1983.
La medida provocó una enorme controversia. Para unos fue una intervención necesaria que evitó un desastre financiero. Para otros representó un abuso de poder y una vulneración del derecho de propiedad.
Los tribunales respaldaron la constitucionalidad de la intervención, aunque los litigios sobre las indemnizaciones y la posterior reprivatización de las empresas se prolongaron durante años.
La expropiación mostró desde el principio que el Gobierno de González estaba dispuesto a utilizar toda su mayoría parlamentaria para tomar decisiones de gran alcance.
España entra en Europa
La integración en las Comunidades Europeas fue uno de los mayores éxitos de Felipe González.
España llevaba años intentando ingresar en el proyecto europeo. Las negociaciones habían comenzado durante los gobiernos de UCD, pero quedaban importantes obstáculos económicos, agrícolas y pesqueros.
El Gobierno socialista convirtió la adhesión en una prioridad nacional. El Tratado se firmó en Madrid el 12 de junio de 1985 y España ingresó oficialmente en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986.
La entrada significó mucho más que incorporarse a un mercado común.
Para numerosos españoles, Europa representaba la democracia, la modernidad y la superación definitiva del aislamiento de la dictadura. La pertenencia al proyecto europeo permitió recibir fondos para construir carreteras, modernizar infraestructuras, transformar la agricultura y reducir las diferencias entre regiones.
También obligó a abrir la economía a la competencia y aceleró la desaparición de empresas que no estaban preparadas para competir.
Felipe González se convirtió en uno de los dirigentes europeos más influyentes de su época. Mantuvo una relación estrecha con líderes como el francés François Mitterrand y el alemán Helmut Kohl.
Durante su mandato España participó en la construcción de la nueva Unión Europea y ratificó el Tratado de Maastricht, que sentó las bases de la moneda única.
La vocación europea fue posiblemente la parte más sólida y duradera de su legado.
Del «OTAN, de entrada no» a pedir el sí
El cambio de posición sobre la OTAN fue una de las decisiones más polémicas de González.
Antes de llegar al Gobierno, el PSOE se había opuesto a la entrada aprobada por Leopoldo Calvo-Sotelo. Su campaña había utilizado el lema «OTAN, de entrada no» y prometió celebrar un referéndum.
Una vez en el poder, González modificó su postura. Consideró que la permanencia era necesaria para garantizar la seguridad, consolidar la posición internacional de España y facilitar su integración europea.
El referéndum se celebró el 12 de marzo de 1986. El Gobierno pidió votar a favor de permanecer en la Alianza bajo determinadas condiciones: no integrarse en la estructura militar, prohibir la instalación de armas nucleares y reducir progresivamente la presencia militar estadounidense.
El sí ganó con aproximadamente el 52,5 % de los votos válidos, frente a cerca de un 39,8 % favorable a la salida.
González consiguió ganar la consulta, pero pagó un precio político y moral. Muchos votantes de izquierda sintieron que el PSOE había incumplido una de sus promesas más simbólicas.
Para sus defensores, González actuó con responsabilidad al cambiar de opinión ante una nueva realidad. Para sus críticos, utilizó su liderazgo para defender exactamente lo contrario de lo que había prometido.
El Estado del bienestar
Los gobiernos socialistas desarrollaron servicios públicos que transformarían la vida cotidiana de millones de españoles.
La Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el ministro Ernest Lluch, sentó las bases del Sistema Nacional de Salud. El objetivo era avanzar hacia una asistencia pública, universal y financiada mediante impuestos.
Se ampliaron los centros de salud, la atención primaria y la cobertura sanitaria. Aunque el proceso fue gradual y tuvo deficiencias, la sanidad pública se convirtió en uno de los pilares del Estado del bienestar.
En educación, la LOGSE de 1990 amplió la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años. También reorganizó las etapas educativas e intentó modernizar la formación profesional.
La reforma permitió que más jóvenes permanecieran escolarizados durante más tiempo. Sin embargo, también recibió críticas por su aplicación desigual, los cambios de programas y la falta de recursos suficientes en determinados centros.
Se extendieron las pensiones no contributivas, aumentaron las prestaciones sociales y se desarrollaron políticas dirigidas a personas mayores, desempleados y familias con menos recursos.
España seguía lejos de los niveles de protección social de algunos países europeos, pero el Estado asumió responsabilidades que hasta entonces recaían principalmente en las familias.
Una sociedad que cambiaba
Durante los años de González, España vivió una profunda transformación cultural y social.
La censura había desaparecido, aumentó la presencia de las mujeres en la educación y el trabajo, cambiaron las relaciones familiares y se consolidaron nuevas libertades personales.
La llamada Movida madrileña se convirtió en símbolo de una generación que quería romper con la rigidez cultural del franquismo. El cine, la música, la literatura y la televisión reflejaban una sociedad más abierta.
El Gobierno impulsó políticas culturales y proyectó una imagen moderna de España en el exterior.
Sin embargo, esta transformación no fue obra exclusiva de un presidente ni de un partido. Procedía de cambios sociales que habían comenzado durante la Transición y estaban protagonizados por millones de ciudadanos.
González supo representar aquella modernización, pero no fue su único autor.
La lucha contra ETA
ETA continuó siendo una de las mayores amenazas para la democracia.
Durante los gobiernos de González, la organización terrorista cometió algunos de sus atentados más crueles. En 1987, una bomba en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona, asesinó a 21 personas. Ese mismo año, otro atentado contra la casa cuartel de Zaragoza causó 11 muertos, entre ellos varios niños.
El Estado mejoró la coordinación policial y la cooperación con Francia. Durante mucho tiempo, miembros de ETA habían utilizado territorio francés como refugio. El cambio de actitud de las autoridades francesas permitió detener dirigentes y debilitar la infraestructura terrorista.
También se impulsaron vías de reinserción para presos que abandonaran la violencia y se mantuvieron contactos y conversaciones que no consiguieron terminar con el terrorismo.
Pero junto a la lucha legal apareció una de las páginas más oscuras de la democracia española: los Grupos Antiterroristas de Liberación.
Los GAL: terrorismo desde las estructuras del Estado
Los GAL actuaron entre 1983 y 1987. Secuestraron y asesinaron a personas consideradas miembros o colaboradores de ETA, principalmente en el sur de Francia.
Algunas de sus víctimas no tenían relación con la organización terrorista.
No se trató solamente de policías que actuaron por su cuenta. Las investigaciones judiciales demostraron la participación de responsables de las fuerzas de seguridad y de altos cargos del Ministerio del Interior, así como la utilización de fondos públicos.
Uno de los primeros episodios fue el secuestro de Segundo Marey en 1983. Marey, que no pertenecía a ETA, fue confundido con otra persona y permaneció secuestrado durante diez días.
En 1998, cuando González ya no gobernaba, el Tribunal Supremo condenó por el caso Marey al antiguo ministro del Interior José Barrionuevo, al exdirector de la Seguridad del Estado Rafael Vera y a otros responsables policiales y políticos por delitos de secuestro y malversación de fondos públicos. El Tribunal Constitucional confirmó posteriormente las condenas fundamentales.
No existe una sentencia que demuestre que Felipe González ordenara o dirigiera personalmente los GAL. El presidente siempre negó haber organizado la guerra sucia.
Pero la responsabilidad política resulta más amplia que la responsabilidad penal.
Los GAL actuaron durante varios años bajo gobiernos presididos por González. Altos responsables de Interior fueron condenados y se empleó dinero público. El Estado utilizó métodos propios de aquello que decía combatir: secuestro, violencia y asesinato.
Combatir el terrorismo fuera de la ley no fortaleció la democracia. La degradó y proporcionó a ETA un argumento propagandístico.
Esta es, sin duda, la mayor sombra de la etapa de Felipe González.
La huelga general de 1988
La relación entre el Gobierno socialista y los sindicatos fue deteriorándose.
UGT estaba históricamente vinculada al PSOE y su secretario general, Nicolás Redondo, había sido compañero político de González. Sin embargo, los sindicatos consideraban que la política económica favorecía la flexibilidad laboral, contenía los salarios y hacía recaer el coste de la modernización sobre los trabajadores.
El enfrentamiento culminó el 14 de diciembre de 1988.
UGT y Comisiones Obreras convocaron una huelga general contra el Plan de Empleo Juvenil y la política económica del Gobierno. El seguimiento fue masivo y el país quedó prácticamente paralizado. Incluso Televisión Española interrumpió su emisión.
La huelga obligó a González a negociar y a reforzar determinadas políticas sociales.
El 14-D demostró que un Gobierno socialista también podía alejarse de una parte importante de su base obrera. El PSOE continuaba ganando elecciones, pero ya no podía presentarse como representante indiscutible de los trabajadores.
1992: el escaparate de la nueva España
El año 1992 representó el momento de mayor optimismo del periodo socialista.
Barcelona celebró los Juegos Olímpicos, Sevilla acogió la Exposición Universal y Madrid fue Capital Europea de la Cultura. También entró en servicio la primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
Millones de personas contemplaron una España moderna, abierta y capaz de organizar grandes acontecimientos internacionales.
Las nuevas autovías, aeropuertos, instalaciones deportivas y redes de comunicaciones simbolizaban la transformación del país.
Pero detrás del escaparate permanecían problemas importantes. Las celebraciones exigieron grandes inversiones públicas y algunos proyectos tuvieron costes discutidos. Poco después llegó una profunda crisis económica.
El paro volvió a crecer, numerosas empresas cerraron y el Gobierno se vio obligado a aplicar ajustes para cumplir los compromisos europeos.
La euforia de 1992 dejó paso rápidamente al desencanto.
El desgaste del poder
Felipe González ganó cuatro elecciones generales consecutivas: 1982, 1986, 1989 y 1993.
Durante sus tres primeros mandatos gobernó con mayorías muy amplias. Aquella estabilidad permitió aprobar grandes reformas, pero también redujo los controles internos y favoreció una sensación de impunidad.
En 1993, el PSOE perdió la mayoría absoluta y necesitó el apoyo parlamentario de Convergència i Unió, dirigida por Jordi Pujol.
González demostró una extraordinaria capacidad para resistir políticamente. Sin embargo, el Gobierno estaba cada vez más desgastado por la crisis económica, las divisiones internas y los escándalos.
La oposición del Partido Popular, primero con Manuel Fraga y después con José María Aznar, fue creciendo hasta presentarse como una alternativa real de gobierno.
La corrupción
Los últimos años de González estuvieron marcados por una sucesión de casos de corrupción.
El caso Filesa descubrió una red de empresas vinculada a la financiación irregular del PSOE mediante informes que, en algunos casos, carecían de contenido real o tenían precios injustificados. El proceso terminó con condenas por falsedad documental, delitos fiscales y asociación ilícita.
Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acumuló una fortuna mediante comisiones ilegales y apropiación de fondos. Cuando comenzó a ser investigado, huyó de España en 1994. Fue detenido posteriormente y condenado a prisión.
Mariano Rubio, antiguo gobernador del Banco de España, se vio implicado en el caso Ibercorp y terminó siendo condenado por delitos económicos y fiscales.
El escándalo relacionado con Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, provocó un enorme daño político. Alfonso Guerra dimitió en 1991, aunque defendió siempre que no había participado en las actividades de su hermano.
También aparecieron irregularidades relacionadas con la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior.
No todos los casos afectaron directamente a González y el presidente no fue condenado por corrupción. Pero después de tantos años de gobierno resultaba difícil sostener que se trataba únicamente de comportamientos aislados.
La permanencia prolongada en el poder había creado redes de influencia, falta de vigilancia y una peligrosa confusión entre partido, Gobierno y Administración.
Las elecciones de 1996
La última legislatura resultó casi imposible de sostener.
Convergència i Unió retiró su apoyo parlamentario y González tuvo que convocar elecciones anticipadas para el 3 de marzo de 1996.
El Partido Popular de José María Aznar ganó, aunque por un margen mucho menor del que anticipaban algunas encuestas. El PP obtuvo 156 diputados y el PSOE 141.
Después de casi catorce años, Felipe González abandonó el Palacio de la Moncloa.
La alternancia volvió a producirse con normalidad. El PSOE entregó el Gobierno al centro-derecha y González aceptó la derrota.
Terminaba una de las etapas más largas e importantes de la democracia española.
Las luces de Felipe González
Felipe González contribuyó decisivamente a consolidar la democracia y a demostrar que la izquierda podía gobernar España dentro de un sistema constitucional y europeo.
Durante sus mandatos se completó la integración en las Comunidades Europeas, se desarrolló el Estado del bienestar y se modernizaron infraestructuras, administraciones y sectores económicos.
La sanidad pública avanzó hacia la universalidad, la enseñanza obligatoria se amplió hasta los dieciséis años y las pensiones y prestaciones sociales llegaron a más ciudadanos.
España ganó influencia internacional y dejó atrás buena parte del aislamiento heredado de la dictadura.
González también ayudó a someter definitivamente las Fuerzas Armadas al poder civil y presidió un periodo de gran transformación cultural y social.
Poseía una notable capacidad política, una visión estratégica de Europa y una facilidad excepcional para conectar con amplios sectores de la población.
Las sombras de Felipe González
La modernización tuvo un coste social muy elevado.
La reconversión industrial destruyó empleos y dejó profundas heridas en numerosas comarcas. El desempleo y la precariedad acompañaron buena parte de su mandato.
El cambio de postura sobre la OTAN debilitó la confianza en las promesas electorales. Las mayorías absolutas favorecieron un ejercicio del poder con controles insuficientes.
Los casos Filesa, Roldán, Ibercorp y fondos reservados revelaron graves fallos éticos e institucionales. La reacción del Gobierno fue frecuentemente tardía y defensiva.
Pero la sombra más grave fueron los GAL.
El secuestro, el asesinato y la utilización ilegal de fondos públicos no pueden justificarse por la crueldad de ETA. Una democracia pierde parte de su legitimidad cuando combate a los terroristas empleando sus mismos métodos.
Aunque no se acreditó judicialmente que González ordenara aquellas acciones, sucedieron bajo su Presidencia y alcanzaron a responsables muy importantes del Ministerio del Interior.
Un presidente debe responder políticamente por aquello que ocurre en las estructuras fundamentales de su Gobierno, incluso cuando no exista responsabilidad penal personal.
Mi reflexión
Felipe González recibió una España democrática, pero todavía insegura, empobrecida y situada en los márgenes de Europa. Cuando abandonó el Gobierno, el país era más moderno, estaba integrado en la Unión Europea, disponía de mejores infraestructuras y había ampliado considerablemente sus servicios públicos.
Ese cambio fue enorme y merece ser reconocido.
Millones de españoles accedieron a la sanidad, a la educación y a oportunidades que sus padres no habían tenido. España dejó de mirar a Europa desde fuera y comenzó a participar en sus decisiones.
Pero el poder prolongado también transformó al PSOE.
El partido que llegó prometiendo el cambio terminó defendiendo un sistema afectado por la corrupción, los privilegios y la utilización ilegal de las estructuras del Estado. La respuesta ante los GAL y algunos escándalos fue demasiado lenta y, en ocasiones, arrogante.
Felipe González fue un gran modernizador, pero no supo impedir que una parte de su Gobierno confundiera la defensa del Estado con la ausencia de límites.
Creo que su legado no puede resumirse diciendo que todo fue progreso ni afirmando que todo fue corrupción. Ambas realidades coexistieron.
La España que dejó era indudablemente mejor en muchos aspectos que la que había recibido. Pero también era una España más desconfiada hacia sus gobernantes.
Su historia demuestra que un Gobierno puede transformar un país y, al mismo tiempo, deteriorarse moralmente por permanecer demasiado tiempo en el poder.
Las luces de Felipe González fueron muy intensas. Precisamente por eso, sus sombras resultaron tan profundas.
Próxima entrega: José María Aznar — Economía, euro, ETA, Irak y 11-M.
