Llegó al Gobierno prometiendo austeridad y regeneración, consiguió que España entrara en el euro y presidió una etapa de crecimiento y creación de empleo. También combatió con firmeza a ETA. Pero su segunda legislatura estuvo marcada por el Prestige, el Yak-42, la guerra de Irak y una gestión del 11-M que destruyó la confianza de una parte de la sociedad.
El 3 de marzo de 1996, el Partido Popular ganó por primera vez unas elecciones generales.
La victoria fue mucho más ajustada de lo esperado. Después de casi catorce años de gobiernos socialistas, José María Aznar obtuvo 156 diputados, frente a los 141 del PSOE de Felipe González. No tenía mayoría absoluta y necesitaba alcanzar acuerdos para ser investido presidente.
Aznar representaba la llegada al poder de una derecha democrática renovada. Alianza Popular, fundada por antiguos ministros del franquismo y dirigida durante años por Manuel Fraga, se había transformado en el Partido Popular y había ocupado progresivamente el espacio del centro-derecha.
Su llegada al Palacio de la Moncloa confirmó que la alternancia política funcionaba en ambas direcciones.
La izquierda había sustituido pacíficamente al centro en 1982. Ahora el centro-derecha sustituía a los socialistas mediante las urnas.
De inspector de Hacienda a presidente
José María Aznar nació en Madrid en 1953. Estudió Derecho y aprobó las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.
Entró en Alianza Popular y fue elegido diputado por Ávila en 1982. Posteriormente presidió la Junta de Castilla y León.
En 1989, Manuel Fraga lo eligió para encabezar la candidatura del recién refundado Partido Popular. Aznar tenía entonces 36 años y era poco conocido por la mayoría de los españoles.
Su primera derrota frente a Felipe González, en 1989, fue clara. En las elecciones de 1993 consiguió reducir considerablemente la distancia, pero el PSOE volvió a gobernar gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes.
Aznar continuó reforzando su liderazgo.
El 19 de abril de 1995 sufrió un atentado de ETA. Un coche bomba explotó cuando el vehículo en el que viajaba pasaba por una calle de Madrid. El blindaje del automóvil le salvó la vida.
El atentado fortaleció su imagen de resistencia y determinación. Un año después ganó las elecciones.
El pacto con los nacionalistas
La victoria de 1996 no permitía a Aznar gobernar en solitario.
Para conseguir la investidura negoció con Convergència i Unió, el partido de Jordi Pujol, además del Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. El acuerdo principal se conoció como Pacto del Majestic, por el hotel barcelonés en el que se desarrolló una parte de las negociaciones.
El Partido Popular aceptó mejorar la financiación autonómica y transferir nuevas competencias a Cataluña. También se acordaron medidas como la desaparición progresiva del servicio militar obligatorio.
Aznar, que durante la oposición había criticado las concesiones de Felipe González a los nacionalistas, tuvo que negociar con ellos para llegar a la Presidencia.
El pacto garantizó estabilidad parlamentaria durante cuatro años. También permitió que el nuevo Gobierno mostrara inicialmente una imagen moderada y dialogante.
La relación con CiU sería muy diferente después del año 2000, cuando el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta y dejó de necesitar sus votos.
La economía y el camino hacia el euro
La economía se convirtió en el principal éxito de la primera legislatura de Aznar.
España quería formar parte desde el principio de la moneda única europea, pero debía cumplir los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht: controlar la inflación, reducir el déficit público, contener la deuda y mantener la estabilidad de los tipos de interés y de cambio.
El Gobierno aplicó una política de disciplina presupuestaria, reducción del gasto, liberalización económica y privatización de empresas públicas.
Telefónica, Endesa, Repsol, Argentaria y otras grandes compañías fueron privatizadas total o parcialmente. El Ejecutivo defendía que el Estado debía dejar de controlar empresas que podían competir en el mercado y utilizar los ingresos para reducir deuda y déficit.
Las privatizaciones aportaron importantes recursos y aumentaron la competencia en algunos sectores. Sus críticos consideran que se vendieron empresas estratégicas rentables y que determinados nombramientos favorecieron la creación de una élite empresarial cercana al poder político.
La economía creció y el desempleo disminuyó considerablemente. Se crearon millones de puestos de trabajo, aunque una parte importante era temporal y estaba vinculada a la construcción y a los servicios.
España consiguió cumplir los requisitos para entrar en la moneda única. El euro comenzó a utilizarse en los mercados financieros en 1999 y los billetes y monedas llegaron a los ciudadanos el 1 de enero de 2002.
Para una generación de españoles, abandonar la peseta fue una transformación histórica.
¿Milagro económico o crecimiento con bases frágiles?
El Gobierno presentó los buenos resultados como el «milagro económico español».
El déficit se redujo, bajaron los tipos de interés, aumentó la inversión y España se aproximó a los niveles de renta europeos. La estabilidad de la moneda única facilitó el acceso al crédito y permitió que familias y empresas se financiaran en mejores condiciones.
Pero aquel modelo también acumuló desequilibrios.
La economía dependía cada vez más de la construcción, el turismo y el consumo. Los bajos tipos de interés impulsaron la compra de viviendas y el endeudamiento de las familias. El precio de los pisos aumentó rápidamente.
La Ley del Suelo de 1998 pretendía aumentar la oferta de terreno urbanizable y reducir el precio de la vivienda. No consiguió ese resultado. La expansión inmobiliaria, el crédito barato, los incentivos fiscales a la compra y la especulación alimentaron una burbuja que continuaría creciendo durante los gobiernos posteriores.
No sería correcto responsabilizar exclusivamente a Aznar de la crisis inmobiliaria que estalló años después. Intervinieron decisiones de distintos gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos, bancos, promotores y compradores.
Pero durante su mandato se consolidó un modelo económico demasiado dependiente del ladrillo y del endeudamiento.
El final del servicio militar obligatorio
Uno de los cambios sociales más importantes fue la desaparición del servicio militar obligatorio.
Durante décadas, millones de jóvenes españoles habían tenido que realizar la llamada mili. La objeción de conciencia aumentaba y el sistema resultaba cada vez más difícil de mantener.
La profesionalización de las Fuerzas Armadas había formado parte de los acuerdos parlamentarios de 1996. El último reemplazo abandonó los cuarteles a finales de 2001.
La reforma modernizó el Ejército y adaptó su estructura a las misiones internacionales. También permitió superar un sistema obligatorio que provocaba un rechazo creciente entre los jóvenes.
Sin embargo, la profesionalización creó nuevos problemas: dificultades para cubrir determinadas plazas, costes mayores y una creciente distancia entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas.
A pesar de esas dificultades, el final de la mili fue ampliamente aceptado y constituye uno de los cambios más recordados de la etapa de Aznar.
ETA, Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco
ETA seguía siendo una de las principales amenazas para España.
El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. ETA lo había mantenido secuestrado durante 532 días en un diminuto zulo situado bajo una nave industrial de Mondragón.
Diez días después, la organización terrorista secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco. ETA exigió el traslado de sus presos al País Vasco y dio al Gobierno un plazo de 48 horas.
Millones de personas salieron a las calles para pedir su liberación. Por primera vez, numerosas manifestaciones en el País Vasco mostraron un rechazo abierto y masivo a ETA.
El Gobierno no cedió al chantaje.
El 12 de julio, los terroristas dispararon a Miguel Ángel Blanco en la cabeza. Murió al día siguiente.
Su asesinato provocó una reacción social conocida como el espíritu de Ermua. La ciudadanía comenzó a enfrentarse públicamente a la intimidación que ETA y su entorno habían ejercido durante años.
Aznar mantuvo una posición firme, pero también intentó negociar cuando apareció una oportunidad.
La tregua de ETA
En septiembre de 1998, ETA anunció un alto el fuego que calificó de total e indefinido.
El Gobierno autorizó contactos con la organización. Aznar llegó a utilizar la expresión «Movimiento Vasco de Liberación» para referirse al entorno terrorista y permitió el acercamiento de presos a cárceles próximas al País Vasco.
Representantes del Gobierno se reunieron con dirigentes de ETA en Zúrich en mayo de 1999.
Las conversaciones no produjeron un acuerdo. ETA pretendía imponer objetivos políticos que el Gobierno no podía aceptar y rompió la tregua en noviembre de ese año. En enero de 2000 volvió a asesinar.
A partir de entonces, Aznar endureció su política antiterrorista.
La cooperación con Francia, las operaciones policiales y judiciales y el rechazo social debilitaron progresivamente a la organización. En 2002 se aprobó la Ley de Partidos, que permitió ilegalizar a Batasuna por su relación con ETA.
La medida fue apoyada por el PSOE y posteriormente respaldada por los tribunales españoles y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sus defensores consideran que permitió acabar con la presencia institucional y la financiación de una organización subordinada a ETA. Sus críticos advirtieron del peligro de restringir la representación política.
En cualquier caso, durante los años de Aznar la capacidad operativa de ETA se redujo de forma importante, aunque la banda siguió asesinando.
La mayoría absoluta
En las elecciones del 12 de marzo de 2000, el Partido Popular obtuvo 183 diputados y alcanzó la mayoría absoluta.
Aznar ya no necesitaba negociar con los nacionalistas ni con otros grupos parlamentarios. El resultado confirmó el éxito político de su primera legislatura y la debilidad del PSOE después de la dimisión de Felipe González como secretario general.
La segunda legislatura comenzó con una posición de poder extraordinaria.
El Gobierno continuó aplicando reformas económicas, liberalizaciones y reducciones de impuestos. También impulsó el Plan Hidrológico Nacional, una nueva Ley de Extranjería, reformas educativas y cambios en el mercado laboral.
Pero el estilo de Aznar se volvió más duro y menos dialogante. La mayoría absoluta favoreció una creciente distancia respecto a la oposición, los sindicatos y determinados movimientos sociales.
El presidente estaba cada vez más convencido de que España debía abandonar su tradicional posición secundaria y actuar como una potencia relevante en Europa y en el mundo.
Esa ambición internacional alcanzaría su punto culminante en la guerra de Irak.
La inmigración y la nueva sociedad española
Durante los gobiernos de Aznar, España pasó de ser un país de emigrantes a convertirse en destino de una inmigración creciente.
Miles de personas llegaron desde Marruecos, América Latina, Europa del Este y otros territorios para trabajar principalmente en la construcción, la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico.
La inmigración contribuyó al crecimiento económico, cubrió empleos necesarios y transformó culturalmente el país. Pero el aumento fue tan rápido que las administraciones tuvieron dificultades para responder en vivienda, educación, sanidad e integración.
El Gobierno modificó varias veces la Ley de Extranjería y realizó procesos de regularización. El debate estuvo marcado por el control fronterizo, los derechos de los inmigrantes y la llegada de personas en embarcaciones precarias.
España comenzó a descubrir una realidad que sería permanente: se había convertido en una sociedad más diversa.
La huelga general de 2002
La relación del Gobierno con los sindicatos se deterioró a causa de una reforma de la protección por desempleo.
UGT y Comisiones Obreras convocaron una huelga general para el 20 de junio de 2002. El Ejecutivo intentó restar importancia al seguimiento y se produjo una fuerte polémica sobre la información ofrecida por Televisión Española.
La presión social obligó al Gobierno a retirar una parte importante de la reforma. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, fue sustituido posteriormente.
La huelga mostró que, incluso con mayoría absoluta, el Gobierno podía verse obligado a rectificar.
También aumentó las acusaciones de falta de pluralidad en los medios públicos y de utilización partidista de las instituciones.
El Prestige
El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, cargado con fuel, sufrió una grave avería frente a las costas de Galicia.
Las autoridades decidieron alejar el buque mar adentro. Después de varios días a la deriva, el barco se partió y se hundió, provocando una enorme marea negra.
El vertido contaminó centenares de kilómetros de costa y dañó gravemente la pesca, el marisqueo y el medio ambiente.
Miles de voluntarios acudieron a Galicia para limpiar las playas. Vestidos con monos blancos, se convirtieron en la imagen de una movilización ciudadana extraordinaria.
La respuesta del Gobierno fue criticada por la falta de coordinación, la lentitud y una comunicación pública que intentó reducir inicialmente la gravedad del desastre. El vicepresidente Mariano Rajoy habló de unos pequeños «hilillos de plastilina» para describir la salida de combustible del barco hundido.
El movimiento Nunca Máis canalizó la indignación social.
La catástrofe no fue provocada por Aznar, pero su Gobierno no supo transmitir transparencia, eficacia ni cercanía hacia los afectados.
El accidente del Yak-42
El 26 de mayo de 2003, un avión Yakovlev 42 se estrelló cerca de Trebisonda, en Turquía.
Murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.
Pronto aparecieron informaciones sobre las malas condiciones de los aviones contratados para transportar a las tropas. Las familias denunciaron que los militares habían advertido anteriormente de deficiencias y riesgos.
El escándalo aumentó cuando se descubrió que 30 de los fallecidos habían sido identificados incorrectamente. Algunas familias enterraron cuerpos que no pertenecían a sus seres queridos.
Años después, tres mandos militares fueron condenados por falsedad documental relacionada con las identificaciones. El Consejo de Estado también reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración.
El ministro de Defensa, Federico Trillo, recibió duras críticas por el trato ofrecido a las familias y por no asumir responsabilidades políticas.
La tragedia del Yak-42 se convirtió en una de las mayores manchas del Gobierno de Aznar.
La guerra de Irak
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Aznar reforzó su alianza con el presidente George W. Bush.
España apoyó la intervención internacional en Afganistán contra el régimen talibán y posteriormente respaldó la estrategia estadounidense contra Irak.
Bush sostenía que el régimen de Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con el terrorismo internacional. Los inspectores de Naciones Unidas no habían conseguido verificar que Irak hubiera eliminado completamente todos sus programas prohibidos, pero tampoco aportaron pruebas que justificaran la afirmación de que existían arsenales activos.
El 16 de marzo de 2003, Aznar se reunió en las islas Azores con Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el portugués José Manuel Durão Barroso.
La llamada foto de las Azores simbolizó el apoyo español a la invasión.
La guerra comenzó el 20 de marzo sin una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizara expresamente el uso de la fuerza. España no participó en la invasión inicial con tropas de combate, pero prestó apoyo político y posteriormente envió militares para tareas de estabilización y reconstrucción.
La mayoría de la sociedad española se oponía a la guerra. Millones de personas participaron en manifestaciones bajo el lema «No a la guerra».
Las armas de destrucción masiva utilizadas como principal justificación nunca fueron encontradas.
Aznar defendió que su decisión fortalecía la relación con Estados Unidos y situaba a España entre los países con influencia internacional. Sus críticos consideraron que subordinó la política exterior española a Washington, ignoró a la mayoría de la ciudadanía y apoyó una guerra basada en informaciones falsas.
Irak marcó profundamente su segunda legislatura.
El 11-M
La mañana del 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías de Madrid.
Los atentados causaron 193 muertos y alrededor de dos mil heridos. Fue el ataque terrorista más grave de la historia de España.
Faltaban tres días para las elecciones generales.
En las primeras horas, el Gobierno señaló a ETA como principal sospechosa. Era una hipótesis comprensible inicialmente: ETA había intentado anteriormente realizar atentados de gran magnitud en Madrid.
Sin embargo, comenzaron a aparecer indicios que apuntaban al terrorismo yihadista: una furgoneta con detonadores y una grabación con versos del Corán, una cinta en árabe reivindicando el atentado y la utilización de teléfonos móviles para activar las bombas.
A pesar de ello, el Gobierno continuó insistiendo públicamente en la posibilidad de ETA. El Ministerio de Asuntos Exteriores envió instrucciones a los embajadores para que defendieran esa autoría y el Ejecutivo mantuvo un discurso que muchos ciudadanos consideraron incompleto y engañoso.
El Gobierno alegó que se limitaba a informar de todas las líneas de investigación y que no podía descartar a ETA precipitadamente. La oposición y una parte importante de la sociedad creyeron que intentaba proteger sus expectativas electorales, porque reconocer la pista islamista podía relacionar el atentado con el apoyo a la guerra de Irak.
La tarde del 13 de marzo se produjeron concentraciones ante sedes del Partido Popular reclamando la verdad antes de votar.
El 14 de marzo, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones.
Las investigaciones policiales y judiciales demostraron que el atentado había sido cometido por una célula yihadista. El Tribunal Supremo confirmó en 2008 la naturaleza yihadista de la autoría.
No se ha demostrado que ETA participara en el 11-M.
Tampoco puede afirmarse que la guerra de Irak fuera la única causa del atentado. Las redes yihadistas ya existían y actuaban por múltiples motivaciones. La comisión parlamentaria consideró, sin embargo, que el apoyo del Gobierno a la guerra fue utilizado como argumento catalizador por los terroristas.
¿Cambió el 11-M el resultado electoral?
Esta pregunta continúa provocando discusiones.
Antes de los atentados, las encuestas situaban al Partido Popular de Mariano Rajoy como favorito, aunque algunas reflejaban una distancia cada vez menor respecto al PSOE.
El 11-M alteró inevitablemente la campaña. Pero tan importante como el atentado fue la gestión de la información durante los tres días posteriores.
Una parte de los ciudadanos no castigó solamente la política exterior de Aznar. Castigó la sensación de que el Gobierno no estaba contando todo lo que sabía.
No es posible conocer qué habría ocurrido sin los atentados. Tampoco resulta justo afirmar que la victoria socialista careció de legitimidad. Las elecciones se celebraron conforme a la ley y los ciudadanos votaron libremente en una situación trágica.
El 11-M no debe utilizarse como arma partidista. Pertenece, ante todo, a las víctimas y a sus familias.
El final voluntario de su Presidencia
Aznar había prometido limitar su mandato a ocho años y cumplió su compromiso.
En agosto de 2003 eligió a Mariano Rajoy como candidato del Partido Popular para las siguientes elecciones. Renunció así a presentarse a un tercer mandato cuando todavía conservaba un fuerte control sobre su partido.
Esta decisión constituye uno de los aspectos más positivos de su trayectoria. En una política donde los dirigentes suelen resistirse a abandonar el poder, Aznar fijó un límite y lo respetó.
Sin embargo, su sucesión quedó destruida por los acontecimientos del 11-M y la gestión posterior.
El 17 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero tomó posesión como presidente.
Aznar abandonó la Moncloa dejando una economía en crecimiento, una ETA debilitada y una España con mayor presencia internacional. También dejó una sociedad profundamente dividida por Irak y desconfiada por la información recibida después de los atentados.
Las luces de José María Aznar
Durante su primera legislatura, Aznar demostró capacidad para negociar con partidos muy distintos y gobernar sin mayoría absoluta.
España cumplió los criterios para entrar en el euro, redujo el déficit, creó empleo y experimentó un periodo prolongado de crecimiento. Se modernizaron sectores económicos y aumentó la confianza internacional en el país.
Su Gobierno puso fin al servicio militar obligatorio y profesionalizó las Fuerzas Armadas.
La lucha policial y judicial contra ETA avanzó de forma importante. La cooperación internacional, especialmente con Francia, aumentó la presión sobre la organización terrorista.
Aznar también respetó su compromiso de no permanecer más de ocho años en el poder.
Su primera legislatura estuvo caracterizada por la moderación, el pragmatismo y la búsqueda de acuerdos.
Las sombras de José María Aznar
El modelo económico dependió excesivamente de la construcción, el crédito y el empleo temporal. Parte de la prosperidad tenía fundamentos que después demostrarían ser frágiles.
Las privatizaciones redujeron el sector empresarial público, pero provocaron dudas sobre la pérdida de control de empresas estratégicas y la cercanía entre poder político y grandes compañías.
Durante la segunda legislatura, la mayoría absoluta endureció el estilo del Gobierno. Disminuyó el diálogo y aumentó la sensación de que el Ejecutivo confundía mayoría parlamentaria con ausencia de límites.
La gestión del Prestige y del Yak-42 mostró graves problemas de transparencia, coordinación y sensibilidad hacia las víctimas.
El apoyo a la guerra de Irak se mantuvo contra la opinión mayoritaria de los españoles y se justificó con unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.
Después del 11-M, el Gobierno tardó demasiado en adaptar su discurso público a los indicios de la investigación. Aquella gestión destruyó una confianza que había tardado años en construir.
Mi reflexión
José María Aznar tuvo dos presidencias muy diferentes.
En la primera, gobernó sin mayoría absoluta, negoció con los nacionalistas, mantuvo una línea moderada y concentró sus esfuerzos en la economía y en la entrada en el euro.
En la segunda, la mayoría absoluta cambió su manera de ejercer el poder. El presidente dialogante dio paso a un dirigente más rígido, convencido de que su mayoría electoral respaldaba también sus decisiones más controvertidas.
Creo que sus logros económicos y su contribución al debilitamiento de ETA deben ser reconocidos. España creó empleo, ganó estabilidad, entró en el euro y eliminó el servicio militar obligatorio.
Pero también debemos preguntarnos qué clase de crecimiento se estaba construyendo y cuánto dependía de la vivienda, el crédito y la temporalidad.
La guerra de Irak fue su mayor error político. No solamente porque las armas prometidas no aparecieron, sino porque decidió ignorar el rechazo de una mayoría social y comprometió a España en una intervención sin una autorización específica del Consejo de Seguridad.
La gestión del 11-M fue todavía más dolorosa. En momentos de tragedia, los ciudadanos necesitan confiar plenamente en sus instituciones. Cualquier impresión de que se calcula la información pensando en las elecciones destruye esa confianza.
Aznar recibió un país cansado después de catorce años de gobierno socialista y dejó una España económicamente más fuerte, con ETA debilitada y plenamente integrada en el euro.
Pero también dejó una sociedad dividida y una pregunta que continúa vigente: ¿hasta qué punto puede una mayoría absoluta alejar a un gobernante de la calle y de la realidad?
Su etapa demuestra que el éxito económico no protege a un Gobierno frente a sus errores políticos y morales.
Las cifras pueden sostener a un presidente durante años. La pérdida de confianza puede derribarlo en apenas tres días.
Próxima entrega: José Luis Rodríguez Zapatero — Derechos sociales y una crisis que tardó en reconocer.
