Hace tiempo escribía que Canarias se había convertido en la frontera sur de Europa. Hoy esa misma realidad vuelve a repetirse en Ceuta. Cambia el escenario, pero no el problema. Miles de personas siguen arriesgando su vida para llegar a territorio español buscando un futuro mejor, mientras España soporta una presión migratoria que, en realidad, debería ser asumida por toda la Unión Europea.
Nadie debería criminalizar a quienes abandonan su país empujados por la pobreza, la falta de oportunidades o la inestabilidad. Es comprensible que cualquier padre o cualquier joven aspire a una vida mejor. Pero comprender ese drama humano no puede impedir afrontar otra realidad: España no puede gestionar sola un fenómeno migratorio de esta magnitud. Las recientes decisiones judiciales que limitan las devoluciones inmediatas añaden una enorme complejidad jurídica y alimentan el debate sobre el llamado «efecto llamada», una cuestión que exige respuestas serenas y eficaces, no simples eslóganes políticos.
Mientras tanto, Marruecos vuelve a desempeñar un papel decisivo. Resulta difícil entender que unas fronteras sometidas habitualmente a un férreo control puedan experimentar entradas masivas sin que exista una reflexión sobre la cooperación necesaria entre ambos países. Y, una vez más, Europa observa desde la distancia. Se multiplican las declaraciones institucionales, pero las soluciones siguen sin llegar con la rapidez que exige una situación cada vez más preocupante.
La respuesta no puede limitarse a improvisar cada vez que se produce una nueva crisis. La inmigración irregular no se resolverá únicamente reforzando fronteras, ni tampoco ignorando el problema. Europa debe implicarse de verdad, ayudando a crear oportunidades en los países de origen, combatiendo las mafias que trafican con seres humanos y estableciendo una política migratoria común que combine humanidad, legalidad y control de las fronteras exteriores.
Reflexión final
Canarias y Ceuta no son únicamente dos territorios españoles. Son la puerta de entrada a Europa. Si la Unión Europea continúa dejando que sean siempre los mismos quienes soporten el peso de esta realidad, el problema seguirá creciendo y las soluciones llegarán siempre tarde. La solidaridad no puede consistir únicamente en discursos; debe traducirse en decisiones, recursos y responsabilidad compartida. Porque proteger las fronteras y respetar la dignidad de las personas no son objetivos incompatibles. Son dos obligaciones que una democracia madura debe saber cumplir al mismo tiempo.
