Hubo un tiempo en que bastaba con hablar de bulos, de la máquina del fango o de campañas de desprestigio para intentar desacreditar cualquier información incómoda. Pero llega un momento en que la realidad termina imponiéndose. Cuando los procedimientos judiciales avanzan, cuando las investigaciones continúan y cuando las instituciones hablan a través de sus resoluciones, repetir un mismo discurso deja de ser una estrategia eficaz. Los ciudadanos no somos tan ingenuos como algunos creen.
El reciente Comité Federal del PSOE ha vuelto a ofrecer una imagen de cierre de filas absoluto. Es una decisión legítima dentro de cualquier partido político. Sin embargo, echo de menos algo que considero imprescindible en democracia: autocrítica. Cuando un Gobierno atraviesa uno de los momentos más difíciles de su mandato, rodeado de una enorme presión política y judicial, quizá lo que esperan muchos ciudadanos no es una fotografía de unidad, sino explicaciones convincentes y responsabilidades cuando correspondan.
Lo que más me preocupa no es la defensa política de un compañero. Eso entra dentro de la lógica de cualquier organización. Lo preocupante es la sensación de que el debate se está desplazando desde el fondo de los procedimientos hacia la deslegitimación de quienes los instruyen. Cada vez escuchamos con más frecuencia ataques dirigidos contra jueces, fiscales, unidades policiales o tribunales cuando sus decisiones resultan incómodas. Da la impresión de que el foco ya no está en demostrar la propia inocencia, sino en cuestionar la legitimidad de quienes investigan. Si esa percepción termina instalándose en la sociedad, el daño para nuestras instituciones será enorme.
No sé cuál será el desenlace de todos los procedimientos abiertos. Tampoco me corresponde juzgar a nadie. Para eso están los tribunales. Pero sí creo que una democracia se debilita cuando la respuesta política consiste, una y otra vez, en atribuir cualquier investigación a conspiraciones, persecuciones o intereses ocultos. Las resoluciones judiciales pueden recurrirse; desacreditar permanentemente a quienes las dictan solo contribuye a erosionar la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
España necesita recuperar algo que parece haberse perdido: la ejemplaridad. Menos consignas, menos relatos prefabricados y más respeto por las instituciones. Porque ningún Gobierno debería pensar que repetir una explicación cien veces la convierte automáticamente en verdad. La confianza no se impone desde un atril; se gana con hechos. Y los hechos, al final, siempre terminan hablando más alto que los discursos.
