La política española nos ha acostumbrado a escuchar una frase una y otra vez: “Todo es falso”, “no hay pruebas” o “es una campaña de desprestigio”. Sin embargo, a veces ocurre algo que cambia por completo el escenario: que sea una persona del propio entorno quien decida hablar. Y eso es precisamente lo que ha sucedido ahora en el llamado caso Plus Ultra.
Según la información publicada ayer por distintos medios nacionales, entre ellos El Mundo, el empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un escrito ante el juez José Luis Calama en el que atribuye al expresidente un papel central en las gestiones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, reconoce la existencia de una comisión del 1% vinculada a esa intermediación y afirma que determinados pagos se aplazaron por la repercusión mediática del caso. Son afirmaciones que ahora deberán ser contrastadas dentro del procedimiento judicial.
No corresponde condenar a nadie desde un periódico ni desde un artículo de opinión. Para eso están los jueces. Pero tampoco sería razonable mirar hacia otro lado cuando una investigación da un giro de esta importancia. Si quien durante años fue considerado una persona de máxima confianza decide señalar directamente al expresidente, lo mínimo que merece la sociedad española es una explicación clara y, sobre todo, que la Justicia llegue hasta el final.
Lo preocupante no es únicamente este caso. Lo verdaderamente preocupante es la sensación de que en España la política vive instalada en un permanente escándalo. Cambian los partidos, cambian los protagonistas, pero las noticias sobre comisiones, influencias, contratos y favores siguen ocupando titulares. Al final, quienes pagan el precio son los ciudadanos, que cada vez confían menos en sus instituciones.
La transparencia no debería depender de que alguien “tire de la manta”. Si todo se hizo correctamente, no hay nada que temer. Si hubo irregularidades, los responsables deberán responder ante la Justicia, sea quien sea y haya ocupado el cargo que haya ocupado. La ley no debería distinguir entre un ciudadano cualquiera y un expresidente del Gobierno.
Reflexión final
La presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero también debe respetarse el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Una democracia fuerte no teme que se investigue a nadie; al contrario, se fortalece cuando la Justicia puede actuar con independencia y sin privilegios. Porque la confianza en las instituciones no se recupera ocultando los problemas, sino resolviéndolos.
