España continúa en 2026 funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. Aquellas cuentas contemplaban unos 386.000 millones de euros de gasto del Estado, de los cuales aproximadamente 54.420 millones correspondían al gasto no financiero de los ministerios. Después vienen Seguridad Social, transferencias a comunidades y ayuntamientos, deuda, pensiones y multitud de organismos públicos. Son cifras tan grandes que terminamos perdiendo la perspectiva: todo ese dinero no pertenece al Gobierno; pertenece al contribuyente.
Y después están quienes administran ese dinero. El Portal de Transparencia publica las retribuciones íntegras de los altos cargos, ministerio por ministerio, desde Presidencia hasta los distintos departamentos. Lo hace anualmente y actualmente ofrece los importes percibidos durante el ejercicio anterior. Por tanto, sabemos cuánto cobran nuestros gobernantes, aunque reconstruir el coste completo de asesores, altos cargos, organismos y estructuras administrativas exige recorrer numerosas partidas diferentes. Transparencia existe; sencilla de entender para el ciudadano, ya es otra cuestión.
Miremos también al Parlamento. En 2026 cada diputado tiene una asignación básica de 3.366,99 euros mensuales, a la que pueden añadirse complementos según sus responsabilidades e indemnizaciones. Solo la partida presupuestaria destinada a la asignación constitucional de los diputados asciende a 15,25 millones de euros. En el Senado, cada senador recibe una asignación básica de 3.417,54 euros mensuales en 14 pagas, también susceptible de complementos según el cargo. Actualmente la Cámara Alta ronda los 265 miembros.
Y aclaro algo: no critico que un presidente, ministro, diputado, senador o alto funcionario cobre por su trabajo. La responsabilidad pública debe estar correctamente remunerada. Lo que cuestiono es otra cosa: ¿dónde está la responsabilidad equivalente cuando se gestiona mal? En una empresa privada una sucesión grave de errores puede acabar con el responsable fuera de la empresa. En política demasiadas veces encontramos explicaciones, enfrentamientos entre administraciones, responsabilidades repartidas y, finalmente, la factura económica pagada por el ciudadano.
Por eso vuelvo a Ceuta. Cuando termine esta crisis deberíamos conocer hasta el último euro: refuerzos policiales, alojamiento, alimentación, sanidad, campamentos, limpieza, traslados, menores y todos los recursos extraordinarios movilizados. Y junto a esa factura económica quiero otra cuenta: la de las responsabilidades políticas. Porque administrar dinero público no debería significar administrar dinero de nadie. Significa administrar el dinero de todos. Y cuando millones salen del bolsillo común para corregir errores que quizá pudieron evitarse, el ciudadano tiene derecho a preguntar: ¿cuánto costó, quién decidió y quién responde?
JMACGYVER
No me escandaliza lo que cobra quien gobierna. Me preocupa cuánto podemos terminar pagando los ciudadanos cuando quien gobierna se equivoca y nadie asume la responsabilidad.
