Cada mes millones de trabajadores miran su nómina y encuentran tres cifras distintas: lo que ganan en bruto, lo que les descuentan y lo que finalmente llega al banco. Pero existe una cuarta cifra que normalmente el trabajador apenas percibe: lo que realmente cuesta su puesto de trabajo a la empresa. En 2026, para un contrato indefinido ordinario, solamente las contingencias comunes suponen un 23,60 % a cargo de la empresa y un 4,70 % a cargo del trabajador. Y esto no termina ahí.
A esas cotizaciones se añaden desempleo —5,50 % empresa y 1,55 % trabajador en la contratación indefinida—, formación profesional —0,60 % y 0,10 %— y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en 2026 alcanza el 0,90 %: 0,75 % empresarial y 0,15 % del trabajador. La empresa soporta además FOGASA, un 0,20 %, y la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que corresponda a la actividad. Es decir: la diferencia entre lo que cuesta contratar a una persona y lo que esa persona recibe es mucho mayor que la retención de IRPF que vemos en la nómina.
Tomemos como referencia un trabajador con 30.000 euros brutos anuales, contrato indefinido y suponiendo, para simplificar, que toda esa remuneración constituye base de cotización y no existen bonificaciones ni peculiaridades. Solo las cotizaciones empresariales comunes que podemos calcular sin conocer su actividad —contingencias comunes, desempleo, formación, FOGASA y MEI— rondarían los 9.195 euros anuales. El coste empresarial ya estaría aproximadamente en 39.195 euros, y todavía faltaría añadir la prima por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que corresponda. Al trabajador, por su parte, esas cotizaciones básicas le supondrían aproximadamente 1.950 euros anuales, antes siquiera de hablar del IRPF.
Y después llega el IRPF. Aquí no voy a hacer el truco fácil de afirmar que un trabajador de 30.000 euros paga siempre determinada cantidad, porque sería incorrecto: influyen situación familiar, hijos, discapacidad, comunidad autónoma, reducciones y otras circunstancias. Lo que sí sabemos es la dimensión global: hasta julio de 2026, el Estado contabilizaba 46.652 millones de euros procedentes del IRPF, un 20,4 % más que en el mismo periodo de 2025. Y las cotizaciones sociales de los Fondos de la Seguridad Social alcanzaban 112.151 millones hasta junio, un 7,2 % más interanual. Son magnitudes distintas y no deben sumarse como si fueran el mismo impuesto, pero ambas permiten entender el enorme volumen de recursos públicos asociado al trabajo y a las rentas.
Reflexión final
Aquí aparece probablemente una de las preguntas más importantes de toda esta serie. Un trabajador puede tener 30.000 euros de salario bruto, mientras su contratación cuesta a la empresa bastante más de 39.000 euros en nuestro ejemplo, y su cuenta bancaria recibe bastante menos de esos 30.000 después de cotizaciones e IRPF. La diferencia no es íntegramente “dinero que se queda el Gobierno”: las cotizaciones financian el sistema de Seguridad Social y generan derechos y prestaciones, mientras el IRPF financia el conjunto de las necesidades públicas y se reparte territorialmente conforme al sistema fiscal. Pero el ciudadano tiene derecho a conocer la fotografía completa. Porque quizá la pregunta que deberíamos hacernos al mirar una nómina no sea solamente «¿cuánto cobro?», sino también: «¿cuánto cuesta realmente mi trabajo y cuánto de ese coste termina finalmente en mi bolsillo?»
Serie: ¿Cuánto ingresa el sector público de lo que pagamos? — (VII) La nómina
