Ocho años de decisiones políticas y judiciales que merecen una explicación.
En estos ocho años hemos visto cambios que merecen una reflexión seria.
Primero llegaron los indultos a los condenados por el procés.
Después, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación.
Finalmente, una amnistía pactada para conseguir apoyos parlamentarios.
¿Casualidad política o una estrategia que conviene explicar?
El Código Penal puede reformarse, naturalmente, pero no debería convertirse en moneda de cambio.
En 2022 desapareció la sedición y se modificaron las penas y modalidades de malversación. En 2024 llegó una amnistía que beneficiaba a dirigentes independentistas. El Gobierno defendió estas medidas como instrumentos para mejorar la convivencia.
Yo me pregunto si se habrían aprobado igual sin necesitar aquellos votos.
Ahora, el Constitucional ha corregido al Supremo sobre la aplicación de la amnistía a la malversación. Siete magistrados respaldaron la decisión y cinco denunciaron una invasión de competencias. El Constitucional invoca la tutela judicial efectiva; los discrepantes cuestionan hasta dónde llega su control. No se ha declarado legal utilizar indebidamente dinero público: se ha decidido amnistiar determinados hechos. Y esa diferencia jurídica no elimina las dudas sobre sus consecuencias.
Un indulto no borra el delito, pero puede evitar que alguien continúe en prisión.
Recuerdo a Emilia Soria, aquella madre indultada por Rajoy tras comprar alimentos con una tarjeta ajena. La clemencia tuvo entonces una dimensión humana que muchos comprendimos. También puede invocarse el interés público para indultar a responsables políticos. Pero cuanto más vinculada esté la medida a una negociación, mayor debe ser la exigencia de explicaciones.
Félix Bolaños, como ministro de Justicia, tiene derecho a defender estas reformas. Y los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar su oportunidad y sus efectos. No afirmo que exista una maniobra ilegal: eso tendría que demostrarse. Lo que veo es una secuencia de decisiones y acuerdos políticos que exige rendición de cuentas. Porque las leyes deben servir al interés general, no depender de quién tenga los votos decisivos.
No escribo para convencer. Escribo para pensar.
