Hace unos días escribí sobre la agresividad desde el otro lado del uniforme. Hoy quiero mirar precisamente hacia quienes lo llevan. Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, bomberos, sanitarios, protección civil, militares, funcionarios, vigilantes y tantos servidores públicos. Nos hemos acostumbrado tanto a que estén ahí que solamente nos acordamos de ellos cuando algo falla. Cuando solucionan el problema era su obligación; cuando no pueden solucionarlo, parece que la culpa también es suya.
Nuestra democracia necesitó también que los cuerpos policiales se adaptaran al nuevo Estado constitucional nacido en 1978. Desde entonces han cambiado las leyes, la formación, los medios y la sociedad a la que sirven. Podemos criticar una actuación incorrecta —y debemos hacerlo—, pero no podemos convertir una actuación individual en una condena colectiva. Un uniforme no convierte a nadie en infalible, pero tampoco debería convertirlo automáticamente en culpable.
Cuando llega una crisis, además, tenemos una peligrosa costumbre: señalar al último de la fila. Al policía que estaba allí, al guardia civil, al bombero, al sanitario o al funcionario. Preguntamos mucho menos quién planificó, quién proporcionó los medios, quién tenía capacidad para coordinar y quién tomó las decisiones. Matar al mensajero resulta tremendamente sencillo. Lo difícil empieza cuando levantamos la cabeza y buscamos responsabilidades unos cuantos escalones más arriba.
Y llegamos a Ceuta. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha recordado las responsabilidades que corresponden a la administración ceutí en relación con los menores. De acuerdo: las competencias son las que son y cada Administración debe asumir las suyas. Pero cuando una ciudad fronteriza ve desbordada su capacidad de acogida, decir dónde termina una competencia no soluciona dónde duerme mañana un menor. Y el propio Gobierno central reconoce esa presión: en julio asignó 5,5 millones de euros a Ceuta precisamente para atender a menores migrantes no acompañados y ampliar, entre otras cosas, las plazas disponibles.
Además, esto no empieza hoy. El Gobierno de España mantiene un sistema para trasladar menores desde territorios sometidos a contingencia migratoria hacia otras comunidades. En febrero, el propio Ejecutivo informaba de 1.019 menores reubicados desde Ceuta, Canarias y Melilla, 320 de ellos trasladados por Ceuta. Es decir, el problema podrá tener competencias autonómicas, pero la solución ya está siendo necesariamente autonómica y estatal. Y así debe ser cuando una Administración por sí sola no puede absorber una situación extraordinaria.
Por eso me cuesta aceptar que la primera respuesta política sea recordar quién tiene la competencia cuando desde Ceuta se está reclamando ayuda y coordinación. También recuerdo aquella intervención de Pedro Sánchez durante la DANA de Valencia: el Gobierno estaba preparado para ayudar y, si hacían falta más recursos, había que pedirlos. Pues cuando una Administración pide ayuda, no debería comenzar un partido de tenis administrativo para decidir en qué lado de la red cae la pelota. Primero se afronta el problema; después habrá tiempo para exigir responsabilidades a quien corresponda.
Y mientras políticos y administraciones discuten competencias, abajo permanecen los mismos: policías, guardias civiles, trabajadores sociales, sanitarios, funcionarios y demás profesionales intentando gestionar las consecuencias. No todo vale, señor ministro. Ceuta tendrá que responder por aquello que sea responsabilidad de Ceuta y el Gobierno de España por aquello que corresponda al Estado. Gobernar no consiste solamente en explicar quién tiene una competencia. También consiste en coordinarse cuando esa competencia resulta insuficiente ante una situación excepcional.
No quiero servidores públicos convertidos en escudos de los políticos. Quiero exactamente lo contrario: políticos que respondan para que sus servidores públicos puedan hacer correctamente su trabajo. Cuando algo sale mal, investiguemos al policía si actuó mal, al funcionario si incumplió su obligación y al responsable autonómico si falló en la suya. Pero sigamos subiendo la escalera. Porque quizá lleguemos a descubrir que muchas veces el problema no estaba en quien llevaba el uniforme, sino en quien tenía la responsabilidad de darle medios, instrucciones y soluciones.
JMACGYVER
Cuando una crisis supera al hombre que lleva el uniforme, dejemos de señalar hacia abajo y empecemos a preguntar hacia arriba.
