Esta vez no lo dice la oposición. Lo dice Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha: la respuesta del Gobierno ante Ceuta ha sido «evidentemente insuficiente desde todo punto de vista». Y ha pronunciado una frase que debería retumbar en La Moncloa: quizá el mando único habría llegado mucho antes si la crisis no hubiera coincidido con las vacaciones. Es durísimo, pero alguien dentro del propio PSOE tenía que decirlo. Porque Ceuta no podía colgar en la frontera un cartel de «cerrado por vacaciones» mientras esperaba que Madrid reaccionara.
Page va incluso más lejos y califica lo ocurrido como una «invasión» y una «violación de la integridad territorial», reclamando «toda la fuerza del Estado». Y aquí aparece una paradoja difícil de explicar: el propio Gobierno terminó declarando oficialmente la situación de interés para la Seguridad Nacional porque, según reconoce el BOE, la presencia de un elevado número de migrantes estaba alterando el funcionamiento normal de las administraciones y había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Si era suficientemente grave para llegar hasta ahí, la pregunta es inevitable: ¿por qué hubo que esperar hasta el 25 de agosto?
Por si faltaba incertidumbre, Defensa e Interior han conseguido que todavía nos preguntemos qué sabía el Gobierno antes del 30 de julio. Margarita Robles sostiene que el CNI compartió información previamente con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno. Marlaska ha defendido otra interpretación sobre la capacidad de anticipar una entrada de semejante magnitud. García-Page advierte de la «zozobra, desasosiego e incertidumbre» que provocan estas contradicciones. Y tiene razón en algo elemental: cuando hablamos de una frontera española, los ciudadanos no deberían tener que elegir qué ministro les resulta más creíble.
También reclama que se cumpla la palabra dada sobre los retornos y advierte del efecto llamada que, a su juicio, tendría permitir expectativas de permanencia o traslado a la Península. Aquí conviene exigir firmeza dentro de la ley: no caben expulsiones colectivas indiscriminadas y cada situación debe tramitarse conforme al ordenamiento jurídico, pero tampoco puede transmitirse que entrar irregularmente garantiza quedarse en España. De hecho, el propio Ministerio de Exteriores afirma que la entrada irregular por Ceuta no concede derecho a permanecer en España ni a trasladarse a la Península. Pues aplíquese la ley con rapidez, garantías y determinación. Para eso está el Estado.
Y la responsabilidad política termina inevitablemente en Pedro Sánchez. Puede aprobar decretos, nombrar a Ángel Víctor Torres autoridad funcional, reunir consejos y anunciar nuevos recursos; algunas de esas medidas eran necesarias. Pero llegan después de semanas de incertidumbre y cuando incluso una ministra de su Gobierno ha reconocido que se llegó tarde. Ceuta continúa viviendo una tensión social extraordinariamente peligrosa: ayer mismo la Policía tuvo que intervenir para impedir enfrentamientos entre vecinos y migrantes. Ceuta es hoy un polvorín y no necesita propaganda, necesita autoridad, coordinación y soluciones. Presidente, acelere. La frontera española no puede gobernarse al ritmo del calendario de vacaciones.
JMACGYVER
Cuando hasta un presidente socialista afirma que la respuesta de un Gobierno socialista ha sido insuficiente, quizá haya llegado el momento de dejar de buscar excusas y empezar a buscar responsabilidades.
