En España, cualquier ciudadano que haya intentado homologar o reconocer estudios realizados en el extranjero sabe que los procedimientos administrativos suelen ser largos, complejos y, en muchas ocasiones, desesperadamente lentos. Cuando los títulos proceden de otros países, especialmente de fuera de la Unión Europea, los expedientes pueden tardar meses e incluso años en resolverse. Miles de personas conocen bien esa realidad porque la han sufrido en primera persona mientras esperan una oportunidad laboral o el acceso a una plaza pública.
Por ello, casos como el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han despertado una considerable atención mediática y social. La rapidez con la que se tramitó la homologación de sus estudios, según las informaciones publicadas, contrasta de forma evidente con la experiencia habitual de muchos ciudadanos. Independientemente de la legalidad del procedimiento, resulta lógico que surjan preguntas sobre por qué algunos expedientes parecen resolverse con una agilidad extraordinaria mientras otros permanecen bloqueados durante largos periodos de tiempo.
El verdadero problema no es únicamente administrativo, sino institucional. La confianza en las administraciones públicas depende de que los ciudadanos perciban que las normas se aplican con los mismos criterios para todos. Cuando aparecen situaciones excepcionales o difíciles de comprender desde la experiencia común, se genera una sensación de desigualdad que erosiona la credibilidad del sistema. La transparencia no solo exige actuar correctamente, sino también evitar circunstancias que puedan alimentar dudas razonables en la opinión pública.
Quizá los tribunales determinen que todo se ajustó plenamente a la legalidad y que cada actuación administrativa estuvo correctamente fundamentada. Sin embargo, la cuestión de fondo seguirá siendo la misma: mientras miles de ciudadanos continúan enfrentándose a retrasos interminables para resolver trámites similares, cualquier caso que parezca alejarse de esa realidad alimentará la percepción de que no todos recorren el mismo camino para alcanzar los mismos objetivos. Y cuando esa percepción se instala en la sociedad, justa o injustamente, el mayor perjudicado termina siendo la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones.
