La Guardia Civil no pertenece a ningún Gobierno ni a ningún partido político. Es una institución del Estado al servicio de todos los españoles y su mayor patrimonio siempre ha sido la confianza que inspira a los ciudadanos. Esa confianza se sostiene sobre principios esenciales como la neutralidad, la ejemplaridad y la igualdad ante la ley. Precisamente por eso preocupa que, una vez más, parezca aplicarse una doble vara de medir según el cargo que se ocupe.
Durante años hemos visto cómo numerosos guardias civiles de base eran apartados de sus funciones o sometidos a severas medidas cautelares desde el mismo momento en que se abría una investigación judicial. Se justificaba en la necesidad de proteger la imagen del Cuerpo y preservar la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, cuando quienes resultan investigados ocupan los más altos puestos de la institución, el discurso cambia y la permanencia en el cargo pasa a considerarse compatible con la normalidad institucional.
La propia legislación de la Guardia Civil, a través del artículo 92 de la Ley de Régimen de Personal, contempla la posibilidad de acordar la suspensión de funciones cuando concurren determinadas circunstancias penales o disciplinarias. Es una medida discrecional que debe valorar el interés del servicio, el prestigio de la institución y la alarma social. Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse por qué esos criterios parecen interpretarse de forma tan diferente según se trate de un agente destinado en un puesto territorial o de quienes ocupan los despachos de mayor responsabilidad.
La presunción de inocencia debe proteger a todos por igual. Ni un guardia civil de la escala básica pierde ese derecho por ser investigado, ni un alto cargo debería disfrutar de un trato privilegiado por ocupar una determinada responsabilidad. La igualdad ante la ley no consiste en endurecer las medidas para unos y suavizarlas para otros. Una institución tan respetada como la Guardia Civil solo conservará su prestigio si demuestra que las reglas son exactamente las mismas para todos, desde el último guardia destinado en un pequeño puesto hasta quien ocupa el despacho más alto de la Dirección General.
«La credibilidad de una institución no se mide cuando investiga a los demás, sino cuando es capaz de aplicarse a sí misma el mismo nivel de exigencia que reclama a quienes la integran.»
