Resulta llamativo que el Ministerio del Interior haya reaccionado con tanta rapidez y contundencia ante las recientes manifestaciones contenidas en un auto judicial relacionado con Begoña Gómez. Durante años hemos asistido a campañas de descrédito, críticas e incluso ataques públicos dirigidos contra miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil sin que se observara la misma contundencia institucional. Sin embargo, cuando una resolución judicial afecta al entorno más cercano del poder político, la sensibilidad parece multiplicarse y las respuestas oficiales llegan con una velocidad inusitada.
La polémica surge porque el juez instructor considera que la existencia de escoltas oficiales no elimina por sí sola un eventual riesgo de fuga. Una afirmación que ha provocado indignación en algunos sectores policiales y sindicales. Pero antes de escandalizarnos, conviene recordar que la función de un juez es precisamente prever escenarios y adoptar medidas cautelares que impidan riesgos futuros. La justicia no actúa sobre certezas consumadas, sino sobre posibilidades razonables que deben ser valoradas para garantizar la efectividad de sus resoluciones.
Además, la historia reciente de España demuestra que determinadas situaciones que parecían improbables terminaron produciéndose. El caso de Carles Puigdemont y su salida de territorio nacional sigue siendo un episodio que muchos ciudadanos recuerdan. Aquellos hechos evidenciaron que las estructuras públicas, como cualquier organización humana, no son inmunes a errores, influencias o decisiones discutibles. Reconocer esta realidad no supone atacar a los profesionales que cumplen ejemplarmente con su deber, sino aceptar que ningún sistema es infalible.
La verdadera cuestión no debería ser si las palabras del juez resultan incómodas, sino si estamos dispuestos a aceptar que las mismas reglas se apliquen a todos por igual. Cuando un ciudadano corriente es investigado, nadie cuestiona que se adopten medidas preventivas para garantizar su sometimiento a la justicia. ¿Por qué habría de ser diferente cuando la persona investigada pertenece al entorno del poder político? La igualdad ante la ley pierde sentido cuando determinadas cautelas generan indignación únicamente por el apellido o la posición institucional de quien las recibe.
Existe una máxima clásica que conserva plena vigencia: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. La confianza de los ciudadanos en las instituciones exige transparencia, coherencia y ausencia de privilegios aparentes. Lo preocupante no es que un juez adopte medidas preventivas; lo preocupante sería que dejara de hacerlo por miedo a las consecuencias políticas. En una democracia madura, la prevención no es una ofensa, sino una garantía. Y la ley solo conserva su legitimidad cuando se aplica con el mismo rasero para todos.
