«El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás». Más de siglo y medio después de que el Duque de Ahumada escribiera estas palabras, siguen teniendo plena vigencia. Sobre todo cuando la Unidad Central Operativa (UCO) vuelve a ocupar portadas, debates políticos y tertulias donde cada uno parece juzgarla según a quién investigue.
La UCO no elige objetivos ni redacta sentencias. Su función es investigar bajo las órdenes de jueces y tribunales. Sin embargo, vivimos tiempos extraños. Cuando una investigación afecta al adversario político, la UCO es ejemplar. Cuando afecta a los propios, aparecen las teorías de la conspiración, las campañas de desprestigio y los ataques a quienes simplemente cumplen con su deber. Nunca llueve a gusto de todos, pero la ley tampoco está para agradar a nadie.
Quizá el mejor ejemplo de esta tensión fue el caso del coronel Pérez de los Cobos. Su obligación era respetar el secreto de una investigación judicial. Cumplió la ley y pagó un precio profesional por ello. Aquello no fue un debate sobre ideologías. Fue un choque entre la obediencia debida a la Justicia y la tentación del poder de conocer lo que no debía conocer. Ahí es donde se mide el verdadero valor de un servidor público.
Los ciudadanos pueden estar tranquilos mientras existan profesionales capaces de cumplir su deber sin mirar las siglas de los investigados. La Guardia Civil no pertenece a un partido político ni a un gobierno concreto. Pertenece a España y al Estado de derecho. Por eso, cuando algunos intentan desacreditar a la UCO porque no les gustan determinadas investigaciones, conviene recordar algo muy sencillo: sin policías que investiguen y sin jueces que juzguen, la democracia deja de ser democracia.
