En España hemos llegado a un punto en el que mucha gente cree que escuchar determinadas canciones, conservar ciertos símbolos históricos o hablar de una parte incómoda de nuestro pasado puede ser ilegal. No es así. La Ley de Memoria Democrática no contiene un catálogo de canciones prohibidas ni convierte automáticamente una composición histórica en delito. Lo que regula, entre otras cuestiones, son determinados actos públicos que, además de exaltar la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura, supongan descrédito, menosprecio o humillación de sus víctimas. Una democracia debe distinguir entre recordar la historia y ensalzar sus abusos.
Pongamos dos ejemplos. El Cara al sol forma parte de la historia política española y la conocida letra de José María Pemán asociada a la Marcha Real tampoco constituye hoy la letra oficial del himno. Nuestro himno nacional está jurídicamente regulado como la Marcha Granadera o Marcha Real Española, con una partitura oficial y sin letra establecida por el Real Decreto vigente. Que determinadas canciones estén asociadas a épocas autoritarias puede explicar su rechazo social o institucional, pero rechazar algo no equivale jurídicamente a haberlo prohibido.
Con las banderas sucede algo parecido. La Ley 39/1981 establece qué enseñas deben ocupar los edificios públicos y obliga a que la bandera española ondee en ellos y tenga el lugar preferente. Y el Tribunal Supremo ha establecido que utilizar banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos resulta incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones. Aquí debería aplicarse una regla elemental: la neutralidad institucional vale para todos, no solamente para los símbolos que disgustan al Gobierno de turno.
Y ahí comienza mi crítica. La memoria democrática es necesaria si sirve para conocer, reparar y evitar que los errores y atrocidades del pasado vuelvan a repetirse. Pero pierde buena parte de su legitimidad cuando el ciudadano percibe que la historia se selecciona según quién la cuenta. La Guerra Civil y la posterior dictadura contienen víctimas, violencia, persecuciones y responsabilidades históricas que deben estudiarse con rigor, distinguiendo además claramente entre el periodo democrático republicano, la guerra y los casi cuarenta años de dictadura franquista. Una sociedad madura no necesita esconder documentos, canciones o símbolos para condenar una dictadura.
España hizo durante la Transición un esfuerzo extraordinario para construir convivencia entre personas que procedían de familias enfrentadas por una guerra. No convirtamos ahora la memoria en otra trinchera. Investiguemos, enseñemos y recordemos; honremos a las víctimas y condenemos la represión, pero permitamos también que la historia pueda conocerse completa y discutirse libremente dentro de la ley. Porque una democracia segura de sí misma no debería tener miedo a conocer su pasado: debería tener miedo a manipularlo.
JMACGYVER
La historia se estudia para comprenderla. La memoria sirve para recordar. Ninguna de las dos debería convertirse en patrimonio exclusivo de una ideología.
