Llegaron para cambiar España. Primero fueron tertulianos, colaboradores de televisión, agitadores de las redes y líderes de movimientos que prometían terminar con los privilegios de quienes llevaban décadas instalados en las instituciones. Los llamaron «casta». Nos dijeron que la política tenía que volver a pertenecer a la gente corriente. Después llegaron las elecciones, los escaños, los despachos, los asesores y las asignaciones. Y ocurrió algo curioso: algunos descubrieron que aquello que tanto criticaban desde fuera resultaba bastante más confortable una vez dentro.
Conviene recordar algo que demasiadas veces olvidamos: nadie obliga a nadie a ser diputado, senador, ministro, alcalde o concejal. Nadie les pone una pistola en el pecho para que incluyan su nombre en una candidatura. Se presentan voluntariamente porque quieren representar a los ciudadanos y, si resultan elegidos, reciben las retribuciones y asignaciones establecidas para el cargo. Por eso me cuesta escuchar después determinadas quejas sobre lo sacrificado que resulta dedicarse a la política. El servicio público debería empezar precisamente por recordar las dos palabras: servicio y público.
Lo sorprendente llega cuando termina la aventura institucional. La notoriedad conseguida durante aquellos años permite a algunos convertirse definitivamente en celebridades: medios de comunicación propios, programas, productoras, plataformas digitales, negocios, bares, cafeterías, conferencias, libros, suscripciones o proyectos sostenidos por seguidores y donaciones. Nada de eso es ilícito por sí mismo y cada cual puede ganarse la vida como quiera. Pero resulta inevitable recordar los discursos de cuando denunciaban a quienes aprovechaban sus contactos, notoriedad o paso por las instituciones para asegurarse un magnífico futuro. La hemeroteca tiene una memoria bastante más larga que los mítines.
Y cuidado: no estoy hablando solamente de una izquierda o una derecha. La política española está demasiado acostumbrada a colocar a los suyos. Cambian las siglas, pero sobreviven asesores, organismos, empresas públicas, cargos de confianza y destinos donde siempre parece encontrarse una silla para quien deja otra. Y cuando aparece financiación pública, subvenciones o ayudas para determinados proyectos vinculados a antiguos políticos, la transparencia debería ser absoluta: quién recibe el dinero, cuánto, para qué y bajo qué condiciones. Si todo es legal, perfecto. Precisamente por eso no debería existir ningún inconveniente en enseñarlo.
Aquellos que venían a cambiar España consiguieron cambiar muchas cosas, pero algunos terminaron pareciéndose demasiado a quienes habían venido a sustituir. De indignados a diputados; de diputados a personajes públicos; y de combatir los privilegios a aprender perfectamente cómo funciona el sistema. No critico que prosperen ni que monten empresas después de abandonar la política. Critico la distancia entre el sermón de ayer y la realidad de hoy. Porque quizá el problema nunca fue la casta. Quizá el verdadero problema era no pertenecer todavía a ella.
JMACGYVER
La política debería ser un servicio temporal al ciudadano, no una oposición vitalicia para entrar en una nueva clase social.
