La vivienda vuelve a ocupar el debate político. Irene Montero propone desahuciar a los fondos buitre, mientras miles de familias siguen teniendo dificultades para pagar un alquiler. Pero esto no empezó ayer. Desde los tiempos de Felipe González llevamos escuchando grandes promesas: aquellos 800.000 puestos de trabajo, la cooperativa PSV impulsada por UGT, que terminó en un escándalo, y tantos proyectos que despertaron enormes expectativas. Han pasado más de cuarenta años y seguimos discutiendo cómo garantizar una vivienda asequible. ¿Cuántas promesas más necesitamos antes de exigir resultados?
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años amenazada de desahucio después de toda una vida en su casa, vuelve a despertar la indignación ciudadana. Es comprensible que se reclame una solución urgente, pero también cabe preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí. Irene Montero formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez y conoce las dificultades de gestionar este problema. En 2023 se aprobó una nueva Ley de Vivienda, además de otras medidas para proteger a las personas vulnerables. ¿Qué ha funcionado, qué ha fracasado y qué falta por hacer para que situaciones como esta no se repitan?
Los fondos de inversión no son organizaciones benéficas. Invierten su dinero para obtener beneficios, como cualquier otra empresa, aunque eso no los exime de cumplir la ley ni justifica posibles abusos. La propiedad privada tiene protección constitucional, pero también una función social. Por eso existen instrumentos legales para regular el mercado, proteger a los inquilinos y suspender determinados desahucios. La cuestión es encontrar un equilibrio que respete los derechos de todas las partes y ofrezca soluciones reales a quienes no pueden acceder a una vivienda.
Imaginemos diez personas sentadas alrededor de una mesa, cada una con diez millones de euros. Una pide un vaso de agua y las demás responden que vaya a buscarlo ella misma. Finalmente, alguien ofrece pagar a otra persona para que se lo traiga. Esta sencilla historia nos recuerda que el capital puede generar actividad económica y puestos de trabajo, pero también que las oportunidades no están repartidas por igual. Necesitamos empresas que inviertan, trabajadores que reciban salarios dignos y unas administraciones capaces de garantizar oportunidades para quienes parten de situaciones desfavorables.
Y aquí llegamos a lo verdaderamente importante: construir viviendas. España necesita ampliar su parque público, movilizar suelo, rehabilitar edificios y ofrecer alquileres asequibles a quienes no pueden pagar los precios del mercado. Los ayuntamientos elaboran sus planes urbanísticos, las comunidades autónomas tienen amplias competencias y el Estado establece las condiciones básicas de la legislación del suelo. Si los procedimientos administrativos mantienen paralizados durante años los nuevos desarrollos, habrá que revisar qué puede agilizarse sin sacrificar la seguridad jurídica ni la protección del territorio. Anunciar miles de viviendas sirve de poco si nunca llegan a construirse.
La Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y encarga a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. No significa que el Estado deba entregar gratuitamente una casa a cada ciudadano, pero sí exige políticas que faciliten el acceso a quienes encuentran mayores dificultades. Las medidas de emergencia son necesarias cuando una familia está a punto de perder su hogar, aunque no sustituyen una política de vivienda a largo plazo. Después de décadas de promesas, corresponde examinar los resultados de todos los gobiernos y exigir soluciones a cada administración según sus competencias.
Porque la verdadera solución no consiste únicamente en detener un desahucio cuando ya hay una familia en la calle, sino en evitar que esa familia llegue a semejante situación.
