¿Qué podemos hacer de verdad para solucionar un problema que España lleva décadas arrastrando?
España lleva años hablando de vivienda y, mientras discutimos, para muchos jóvenes resulta cada vez más difícil independizarse, numerosas familias no pueden comprar y muchos trabajadores apenas encuentran un alquiler asumible cerca de su empleo. Podemos hablar de especulación, grandes propietarios, pisos turísticos, okupación o leyes del alquiler, pero existe una realidad que ninguna ideología debería ocultar: faltan viviendas precisamente donde más se necesitan. El Banco de España estima un desfase acumulado cercano a 750.000 viviendas entre la creación de hogares y la vivienda nueva terminada entre 2021 y 2025. El primer paso debería ser reconocer el problema sin maquillarlo.
Y aquí recupero una pregunta que ya hemos planteado en JMACGYVER al hablar de impuestos: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de todo lo que aporta? Pagamos IRPF, IVA, cotizaciones, impuestos especiales y tributos autonómicos y municipales. Naturalmente, ese dinero también financia pensiones, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras y deuda pública. Pero si la vivienda se considera uno de los grandes problemas de España, debería convertirse también en una prioridad presupuestaria estable. Antes de inventar otro impuesto o anunciar otra ayuda, preguntémonos qué parte de los recursos que ya aportamos puede transformarse durante años en viviendas.
España necesita construir más, pero donde realmente hacen falta las viviendas. Hay que movilizar suelo, reducir burocracia, agilizar licencias y favorecer la colaboración entre ayuntamientos, comunidades, Estado y empresas. También necesitamos transporte e infraestructuras que permitan vivir a una distancia razonable de los grandes centros de empleo. Y deberíamos recuperar algo fundamental: vivienda protegida que continúe protegida. El actual Plan Estatal de Vivienda cifra el parque autonómico y municipal de titularidad pública en unas 318.000 viviendas, aproximadamente el 1,7 % de los hogares. Es un patrimonio demasiado pequeño para afrontar un problema de esta magnitud.
Ahí es donde una parte de nuestros impuestos podría convertirse en un patrimonio para nuestros hijos y nietos. Imaginemos una política mantenida durante quince o veinte años en la que una parte del dinero destinado a vivienda termine en suelo, edificios y viviendas públicas de alquiler que sigan siendo públicas. No hablo de regalar casas ni de construir indiscriminadamente: alquileres asequibles adjudicados mediante criterios transparentes de renta y necesidad, controles contra el fraude y revisión de las circunstancias de los beneficiarios. El dinero público invertido hoy debería seguir sirviendo al ciudadano dentro de treinta años, no desaparecer con el siguiente presupuesto.
Pero tampoco resolveremos la vivienda convirtiendo al propietario y al inquilino en enemigos. El pequeño propietario no es la Administración ni puede convertirse en los servicios sociales del Estado. Una familia vulnerable necesita protección y una alternativa habitacional; y quien alquila legalmente su vivienda necesita garantías ante impagos y procedimientos eficaces para recuperarla cuando legalmente corresponda. Garantías públicas, seguros e incentivos para quien ofrezca alquileres asequibles pueden ayudar a sacar viviendas al mercado. Proteger al vulnerable y proporcionar seguridad jurídica al propietario son objetivos compatibles.
Y cuidado con creer que las subvenciones solucionan por sí mismas el problema. Una ayuda puede resultar imprescindible para una familia, pero una subvención no construye automáticamente una vivienda. Si cien familias buscan cincuenta casas, entregarles más dinero no crea las otras cincuenta. Necesitamos ayudas cuando sean necesarias, pero acompañadas de oferta. Tampoco existe una receta idéntica para toda España: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante o las islas presentan presiones muy diferentes de muchas localidades del interior. Una política seria debe actuar allí donde existe el problema, no limitarse a producir titulares nacionales.
Por eso propondría algo menos espectacular que otro anuncio y bastante más difícil de conseguir: un acuerdo estable sobre vivienda para los próximos quince años, con independencia de quién gobierne. Objetivos anuales públicos: viviendas construidas, vivienda pública incorporada, suelo disponible, tiempos de concesión de licencias, viviendas movilizadas para alquiler y dinero invertido. Y cada año, cuentas ante los ciudadanos. No solucionaremos en una legislatura un problema que hemos tardado décadas en crear. Precisamente por eso la vivienda debería dejar de planificarse pensando exclusivamente en las próximas elecciones.
España dispone de impuestos, suelo, empresas, trabajadores y administraciones capaces de hacerlo. Lo que hace falta es decidir que la vivienda constituye realmente una prioridad y mantener esa decisión durante años. Una vivienda digna no aparecerá porque la declaremos un derecho ni porque aprobemos otro decreto: hacen falta casas, inversión, tiempo, seguridad jurídica y buena gestión. Y como contribuyentes tenemos derecho a formular una pregunta muy sencilla: si entre todos financiamos el Estado, ¿no debería una parte de ese esfuerzo dejar también viviendas para las generaciones que vienen detrás?
Menos parches. Más casas.
No escribo para convencer. Escribo para pensar.
